La cámara de seguridad instalada desde el año 2015 en el hospital príncipe de Asturias de Alcalá de henares ha sido la clave para la detención de Beatriz, la auxiliar de enfermería acusada de asesinar -al menos- a un paciente.
Pero la idoneidad de colocar este dispositivo -por orden judicial- tras las sospechas que provocaron varias muertes ha provocado controversia, también en el terreno político.
Cruce de palabras en Twitter entre el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, y José Manuel Freire, portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid.
Freire afirmaba este sábado que "la primera obligación de la Administración sanitaria es proteger a los pacientes, no obtener pruebas policiales".
Sánchez Martos le ha acusado de intentar sacar rédito político de este caso. Recuerda que su obligación es estar junto a la policía y los jueces. Y explica que no hay que crear una alarma innecesaria sobre la seguridad y la protección de los pacientes.
Una juez fue la que ordenó colocar esa cámara en 2015. Se pidió sigilio y silencio para evitar filtraciones.
Ahora, dos años después, esa cámara ha servido para comprobar que Beatriz entró cuatro veces en la habitación de la paciente en menos de hora y media.
La auxiliar se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Alcalá Meco acusada de un delito de asesinato con alevosía y puede que no sea el único.
La policía está investigando otra muerte sospechosa que ocurrió en el centro hace dos años.
En julio de 2015 una paciente de 80 años falleció tras un empeoramiento repentino. En el estudio forense se encontró también aire en los conductos sanguíneos de la mujer.
La policía investigó el caso. En ese momento no se pudo incriminar a nadie. Ahora se investiga si estamos ante otro ángel de la muerte.
