Las deficiencias en una residencia de mayores gestionada por una empresa de José Luis Ulibarri, imputado en la trama Gürtel, y que funciona sin licencia, irán este jueves al pleno de la Asamblea de Madrid de la mano de Podemos, que presentará una pregunta parlamentaria a petición de los familias afectadas.
La residencia Peñuela de Arganzuela, gestionada por Aralia Servicios Sociosanitarios, del grupo empresarial de Ulibarri, "está funcionando sin licencia, el Ayuntamiento la suspendió tras una inspección en julio de 2011 porque no cumplía los requisitos básicos", ha explicado a Efe el diputado de Podemos, Raúl Camargo.
Por su parte, la Consejería de Asuntos Sociales asegura que "está garantizada tanto la seguridad como la calidad asistencial", y que cuando recibió la residencia del Imserso en 2002 "no se exigía esta licencia", pero que "se están haciendo las gestiones para obtenerla".
Entre los problemas denunciados por la plataforma de afectados figuran la falta de personal para atender a grandes dependientes, carencia de aire acondicionado, techos que se desprendieron recientemente, e incluso una plaga de cucarachas, ha dicho a Efe la portavoz de los familiares.
Según el diputado de Podemos, hubo "un incremento de las concesiones a Aralia entre octubre de 2014 y mayo de 2015, justo antes de las elecciones en varios ayuntamientos y comunidades gobernados por el PP", entre ellas Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, donde Aralia gestiona una veintena de residencias de ancianos. E
l propio Ayuntamiento de Navalcarnero, que "está en quiebra, celebró el 3 de junio un pleno para conceder la gestión de un centro de mayores a Aralia", ha añadido Camargo.
De ahí que Podemos vaya a "pedir responsabilidades políticas" al gobierno regional, en concreto al exconsejero de Asuntos Sociales Jesús Fermosel, por permitir que una residencia "funcione sin licencia".
Además, si se confirmara que el PP ha contribuido a "deteriorar los servicios públicos para dar concesiones a empresarios amigos", el grupo de Podemos pedirá "la dimisión de Fermosel como diputado regional". La portavoz de los familiares, por su parte, señala que la residencia arrastra "graves problemas" desde que era gestionada por Eulen, que han empeorado este año desde que Aralia ganó la contrata.
Ahora, los 220 residentes, más 45 de centro de día y 15 de respiro familiar ya no disponen de un médico las 24 horas, ya que este requisito "no estaba en el pliego de condiciones, la Comunidad lo había eliminado". Según la portavoz, la Comunidad debía encargarse del mantenimiento del edificio que sufrió "un abandono paulatino", con dos trozos de techo que cayeron y tuvieron que ir los bomberos, problemas con la lavandería, entre otros.
"La Comunidad tendrá que dar explicaciones", según María Ángeles, que ha detallado que fue a raíz de "la denuncia por falta de aire acondicionado cuando vino la Policía municipal y requirió la licencia y no estaba en regla", ha dicho.La Consejería de Asuntos Sociales explica que esta residencia no es la única sin licencia, aunque sí tiene las de obra y de actividad, y que en los últimos tres años diez centros la han obtenido.
Asegura que la atención al usuario "es la adecuada", que se han ejecutado todos los requerimientos del Ayuntamiento, y que la Comunidad ha realizado 15 inspecciones desde 2011 y ha invertido más de 512.000 euros en mejoras en los últimos seis años.
Respecto a la adjudicación del contrato a Aralia, licitado en 2014 y por procedimiento abierto, señala que primó la oferta económica más baja y que la empresa "cumplía todos los requisitos de solvencia técnica, profesional y económico financiera que se exigían", según la consejería.
