Plataformas vecinas unidas en torno a la campaña No Acepto han hecho entrega este jueves a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de 35.000 firmas contra los flyers de prostitución que se distribuyen en los parabrisas de los coches. Carabanchel, con Legazpi, Vallecas y Ciudad lineal los barrios más castigado por esta publicidad, que ya se ha saldado con 16 atestados por las Unidades Integrales de Distrito (UID) cursados a la Fiscalía Provincial.
Desde la Plataforma No Acepto Ana Martínez señala que las asociaciones de Ciudad Lineal comenzaron esta campaña contra los flyers hace más de tres años. Lo llevaron a los plenos y a la Policía Municipal porque los barrios "estaban cada vez más sucios de papelitos y la inquietud en los colegios iba creciendo porque los niños jugaban con estos papelitos como si fueran cromos, los coleccionan y los cambiaban".
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en conocimiento de la Fiscalía 16 expedientes relacionados con la publicidad sexual, en los casi seis meses tratando de erradicarla de las calles de la ciudad y que preocupa de forma especial debido a su presencia en colegios, institutos y zonas deportivas, entre otros espacios donde está al alcance de los niños.
Entre esas medidas, Javier Barbero ha explicado que la Policía Municipal recoge información sobre dónde se encuentra la publicidad y los teléfonos de referencia para que las autoridades judiciales puedan investigar posibles irregularidades en los prostíbulos.
Según los datos del Ayuntamiento, se han realizado 6 atestados en Retiro, y 2 atestados en cada uno de los distritos de Chamartín, Puente de Vallecas, Hortaleza, Fuencarral-El Pardo y Arganzuela por publicidad con contenido sexual.
Por el momento, el Ayuntamiento no tiene competencias para penalizar el reparto de ese tipo de publicidad en las calles, por lo que la delegada Celia Mayer ha instado a la Comunidad de Madrid a definir si ese tipo de publicidad con contenido sexual "vulnera los derechos fundamentales de las personas".
De momento, los repartidores solo puede ser multados con 300 euros. El ayuntamiento anunció que endurecera la ordenanza pero aún no la hecho. En Valencia han elevado la sanción a los tres mil euros.
