La Plataforma de Afectados de Madrid Central comienza a recoger firmas para retrasar el plan

Los pequeños comercios, transportistas y dueños de restaurantes del centro de Madrid, reunidos en la Plataforma de Afectados de Madrid Central y a quienes se han unido escuelas o colegios insisten en que las restricciones de tráfico en el centro no pueden entrar en vigor el próximo 23 de noviembre.

Por ello, hoy han anunciado en una rueda de prensa en el barrio de Las Letras que comenzarán a recoger firmas en apoyo de sus reivindicaciones en 2.000 mesas de información en una campaña que han denominado "Madrid Sostenible".

"Engañados por el Ayuntamiento"

En nombre de la plataforma han tomado hoy la palabra Juanjo Blardony, director general de la Asociación Empresarial de Hostelería La Viña, Lola Creagh, miembro de la Asociación de Comerciantes del Barrio, Jorge Somoza, portavoz de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) e Isabel García Yáñez de la asociación de comerciantes de Lavapiés Distrito 12, quienes han dicho sentirse "engañados" por el Consistorio.

Exigen que se flexibilice el calendario de entrada en vigor de Madrid Central, sobre todo en lo referente a las mercancías, información, y ayudas públicas para renovar la flota y defienden que el problema es de "dinero" por en el plan actual el esfuerzo recae solo en los bolsillos.

La plataforma recibió ayer una llamada de la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, pero no lograron acordar la reapertura del diálogo, aunque han asegurado que el Grupo Municipal Socialista les ha anunciado una segunda llamada hoy por parte del Ejecutivo de Ahora Madrid para fijar una fórmula de negociación y dicen no entender este tipo de "tacticismos".

"Se está subestimando la movilización que se está generando", aseguran los empresarios, que creen que la cercanía de la campaña electoral debería generar urgencia para alcanzar una solución también en el lado político.

Esta plataforma, que agrupa ya a 59 asociaciones de comercio, transporte, ocio u hostelería -diez de ellas de ámbito estatal, ha hecho público hoy un manifiesto en el que exigen flexibilizar las restricciones de Madrid Central sobre todo en lo referente a la distribución de mercancías, donde calculan costes de 1.300 millones de euros hasta 2025 para renovar furgonetas y camiones.

A partir de 2020 no podrán entrar en Madrid Central las furgonetas sin distintivo ambiental -gasolina matriculada antes de 2000 o diesel anteriores a 2006- y desde 2022 tampoco podrán acceder los de etiqueta B -las furgonetas Euro IV/4 y Euro V/5- mientras que en el caso de los camiones las restricciones arrancarán en 2023 para los carentes de distintivo y en 2025 no accederán los de etiqueta B.

Somoza ha explicado que a día de hoy no existen opciones Cero Emisiones para camiones y ha expresado sus dudas sobre si los impulsados por gas -con etiqueta Eco- tendrán restricciones o no en el futuro y ha pedido más horario de carga y descarga para que no se concentre la actividad y genere así más atascos y contaminación.

Además, ha exigido una red de puntos de recarga eléctrica y ha recalcado que las restricciones perjudican especialmente a las empresas de mudanza, con vehículos de mayor antigüedad debido a que estos hacen pocos kilómetros y están parados la mayor parte del tiempo.

Los empresarios, a quienes se han unido dueños de escuelas infantiles o colegios que ven inviable la medida, aseguran que comparten los objetivos de Madrid Central, la reducción de la contaminación atmosférica, pero rechazan creen que se ha impuesto una "visión drástica" y no una implantación gradual.Echan de menos una mirada global sobre la movilidad, ya que aunque el centro esté cerrado al tráfico de no residentes los nudos sur y norte y la M-30 "seguirán estando" y contaminando.

Desde el Consistorio les han dicho en reuniones sectoriales que no se preocupasen, pero a día de hoy dicen estar muy preocupados y entre otros aspectos reclaman que los comercios y restaurantes sigan teniendo, como ocurre en las actuales áreas de prioridad residencial, la posibilidad de autorizar la entrada de 20 vehículos al mes.

Además reclaman que el Consistorio no elimine estacionamientos de no residentes, un refuerzo del transporte público y aseguran que se disuade de acudir al centro. Con el cierre de Gran Vía los 3.000 restaurantes del Centro perdieron ya un 17 % de sus ventas, aseguran.