Paz González señala agosto como fecha para que esté tramitada la revisión parcial del PGOU

  • Para dar cumplimiento a la sentencia del Supremo que afecta a 21 desarrollos

La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Paz González, ha empeñado su palabra política al señalar agosto como el mes en el que podría estar tramitada la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, después de que una sentencia del Tribunal Supremo (TS), fechada el pasado 28 de septiembre, tumbara hasta 21 ámbitos urbanísticos de la ciudad. La Junta de Gobierno de este jueves, presidida por la alcaldesa, Ana Botella, ha dado los "primeros pasos para corregir los defectos del Plan General que puso en evidencia la sentencia del Supremo", como ha explicado la delegada en la rueda de prensa posterior.

Se trata, según ha apuntado, de "corregir un defecto formal que pasaba, en virtud de la sentencia, que no se justificó suficientemente en el Plan General de 1997 la pérdida de valor de la protección del suelo", concretamente al pasar de especialmente protegido a urbanizable.

"Con este documento que aprobamos hoy iniciamos el primer periodo de alegaciones del avance de la revisión parcial del Plan General de 1985 y la modificación del de 1997 para hacer la tramitación formal que nos requiere el Tribunal Supremo", ha detallado la edil, quien ha hecho especial hincapié en que desde que se conoció la sentencia se trabaja con la "máxima celeridad", coordinada con todas las administraciones, para dar una respuesta a los afectados. La nueva ordenación puede estar lista en el mes de agosto, ha añadido.

"Nos quedamos como fecha con el mes de agosto. He empeñado mi palabra política para cumplir ese objetivo y todas las administraciones tienen el mismo", ha declarado.

MILES DE AFECTADOS

El desarrollo de los ámbitos afectados incluye la creación de una gran red de viviendas con algún régimen de protección pública. Se trata de aproximadamente 42.500. Las primeras promociones están ya iniciadas y en los ámbitos están presentes 96 cooperativas de vivienda propietarias de suelo, que agrupan a 9.076 familias.

Están distribuidas entre Valdebebas (con 67 cooperativas y 5.000 cooperativistas), Los Berrocales (siete cooperativas y 2.200 cooperativistas), Los Ahijones (18 cooperativas y 1.548 cooperativistas) y Arroyofresno (cuatro cooperativas y 319 cooperativistas). La titular de Urbanismo ha afirmado que la máxima prioridad será para Valdebebas ya que sus viviendas estaban "a punto de ser ocupadas por los vecinos".

En el conjunto de los ámbitos se han concedido licencias para la ejecución de 5.042 viviendas con una superficie edificable de 525.000 metros cuadrados, así como para otros 55.000 metros de superficie para actividades económicas.

González ha puntualizado que de los 21 ámbitos señalados por la sentencia hay uno, el de Arroyofresno, que se diferencia del resto porque podría excluirse de los efectos anulatorios de la sentencia. Sus suelos ya estaban clasificados de urbanizables en el Plan General de 1985. La edil culpa a un "error cartográfico" a lo ocurrido.

Tras el periodo de información y después de evaluar las sugerencias, se elaborará un documento que deberá ser aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno con un nuevo trámite de información al público y solicitud de informes a todos los organismos públicos afectados. Posteriormente se aprobará provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento y se remitirá a la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno.

González ha explicado que para establecer la nueva ordenación se ha realizado un análisis individualizado y exhaustivo de los suelos afectados por la sentencia, las características y condiciones que llevaron a su protección en 1985, su estado actual y el alcance de la regulación que les afecta.

Los suelos objeto del documento quedan clasificados en urbanos, urbanizables y no urbanizables en función de sus características, y quedan vinculados al régimen jurídico legalmente aplicable a cada clase y categoría. Así, los distintos ámbitos quedarán en cuanto a parámetros urbanísticos y derechos adquiridos "exactamente igual que estaban antes", es decir, que lo único que va a cambiar es la adaptación de los suelos a la situación física real que tienen a día de hoy.