Nos vamos hasta Parla, hasta la calle Toledo, invadida desde hace años por los "okupas". El problema, según los vecinos, ha pasado de mano en mano pero nunca ha llegado una solución. Asaltos a viviendas, compra-venta de pisos de otros propietarios sin su consentimiento, drogas, violencia. Ahora, el Ayuntamienro de Parla se ha propuesto asumir su gestión.
El Ayuntamiento de Parla está elaborando un edicto para recuperar la gestión del edificio de la calle Toledo, 15, en su día incluido en el plan de vivienda municipal y conocido después por las ocupaciones ilegales que se han producido en muchas de sus viviendas a lo largo de los años y que hasta ahora ha sido gestionado por la Fundación Toda Ayuda. Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo, Juan Marcos Manrique, que ha asegurado que precisamente ha sido esta fundación la que "no ha cumplido" con las condiciones establecidas en el pliego y no ha subsanado ciertas "deficiencias", por lo que tras enviar varios requerimientos, el Ayuntamiento ha decidido iniciar los trámites para recuperar la propiedad del edificio.
Según el edil, a partir de ese momento será el consistorio el que tenga la responsabilidad de "establecer la legalidad y recuperar el fin social de las viviendas" para que los ciudadanos de Parla que tengan necesidades en materia de alojamiento puedan acceder a estos pisos a través de la oficina municipal de vivienda y servicios sociales, algo que ha calificado como "una prioridad".
El edificio se levantó por parte de la empresa UNIFO, a la que el Ayuntamiento concedió un derecho de superficie para convertirse en la propietaria del inmueble, pero los vecinos denunciaron su "quiebra" y "desaparición", por lo que fue la Fundación Toda Ayuda la que en 2013 se hizo cargo de la gestión de la comunidad de vecinos a través de un acuerdo con el Ayuntamiento.
El pasado mes de julio de 2015 el actual equipo de gobierno ya anunció que dejaba de pagar el recibo de los gastos de luz y electricidad del edificio después de que una resolución del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid haya dictaminado que no tienen ningún tipo de responsabilidad para ello, al no ser entonces propiedad municipal.
En 2014 el anterior alcalde, José María Fraile, firmó un compromiso para pagar dichos recibos y evitar un corte generalizado del suministro, si bien dicha actuación provocó varios informes contrarios de Secretaría General, Intervención y Coordinación de Servicios Jurídicos, que alertaban de que no se habían cumplido los trámites preceptivos y no se acreditaba la existencia de "crédito adecuado y suficiente" para asumir el pago.
