La Ordenanza municipal de Transparencia quiere controlar las 'puertas giratorias'

  • El borrador de la Ordenanza de Transparencia, a consulta en la web municipal
  • Incluye multas de hasta 3.000€, sanciones disciplinarias

Los madrileños ya pueden consultar en internet el borrador de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, que incluye la creación de un Registro de Lobbies, y tienen de plazo hasta enero para hacer aportaciones al texto que ha sido presentado hoy.La ordenanza, que entraría en vigor en el segundo semestre de 2016 tras su aprobación en pleno, prevé multas de hasta 3.000 euros por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, y obliga a publicar las agendas de todos los concejales, lo cual, junto con el registro de lobbies, permitirá "la trazabilidad" de las decisiones públicas.

Además, para acceder a la mayoría de los datos, que el Ayuntamiento deberá publicar trimestralmente, ya no será necesario tener lector de DNI electrónico o firma digital, según ha explicado el delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, en la presentación del borrador.

MULTAS DE 750 A 3.000 EUROS

La novedosa ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid --podría aprobarse en el primer semestre de 2016 y estar en marcha de manera efectiva a finales de ese año-- incluye multas de entre 750 y 3.000 euros, la opción de resolver un contrato si las empresas no cumplen sus obligaciones en materia de transparencia, sanciones disciplinarias para los funcionarios que podrían llegar hasta la inhabilitación, controlará las 'puertas giratorias' e incluirá un registro de lobbies.

El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, acompañado por la directora general de Transparencia, Victoria Anderica, ha presentado este lunes a la prensa la ordenanza, cuyo borrador está colgado en la Intranet municipal y en el diario del Ayuntamiento desde el viernes. Este procedimiento es algo inédito en el Consistorio donde lo habitual, como ha recordado el concejal, era que primero se aprobara en Junta de Gobierno y después se abriera el plazo de alegaciones.

Las agendas de todos los concejales, no sólo las del Gobierno, se colgarán en el portal municipal, una publicación "relacionada con el control de las puertas giratorias" en lo que tiene que ver con las resoluciones de compatibilidad de los altos cargos. El modelo seguido es el de la Comisión Europea, donde la norma es que la actualización de la agenda se produzca a las dos semanas siguientes de producirse la reunión.

REGISTRO DE LOBBIES

El registro de lobbies no es una medida muy extendida en España aunque sí hay experiencias, como en Cataluña. Se trata, en palabras del delegado Soto, de "conocer quién toma las decisiones". El modelo ya es un 'viejo conocido' en Reino Unido o Francia. Se trata de conocer las reuniones con "cualquier persona que influya en la toma de decisiones de lo público", además de los intereses que representan. "Podremos ver la vida de una decisión o de una norma concreta", ha apostillado.

En el registro deberán aparecer "obligatoriamente las personas que pueden influir en la toma de decisiones", ha añadido en una rueda de prensa en la que ha estado presente el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, cuyo despacho se encuentra en el mismo edificio que Participación Ciudadana.

Con el registro se podrá seguir la pista de todas las decisiones tomadas. Aparecerán tanto las reuniones de los concejales como las de los directores generales, los temas tratados, la documentación entregada y un enlace para conocer los intereses de esos grupos.

Serán los concejales, los directivos y los titulares de los órganos superiores los responsables de verificar que las reuniones se mantienen "con personas previamente inscritas en el registro de lobbies", recoge la ordenanza, consultada por Europa Press. "En el supuesto de que no pueda acreditarse la inscripción previa no podrá celebrarse la reunión", añade.

Otra de las claves de la ordenanza es la reutilización de la información pública, de modo que "se pueda reutilizar toda la información publicada por el Ayuntamiento de manera gratuita y sin restricciones técnicas".

SANCIONES

"Queremos que se ponga en marcha de manera eficiente, que la transparencia se tome en serio", ha defendido Soto, para pasar a detallar el régimen de sanciones. La ordenanza recoge como infracciones muy graves "la desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa".

Se considera infracción grave "dar información parcial, omitir o manipular información relevante para influir en la formación de la opinión pública o incumpliendo las exigencias del principio de veracidad".

En este mismo ámbito se incluye la facilitación de información relativa a datos personales especialmente protegidos sin consentimiento expreso y por escrito del afectado o condicionar el acceso a la información al pago de una contraprestación.

Anderica y Soto han explicado que se busca publicar la información en datos abiertos y que la petición de datos se hará con un simple correo electrónico ante el reducido número de lectores de DNI electrónico (sólo lo tiene un 4 por ciento de la población). El Ayuntamiento enviará el link si la información ya está publicada con sólo enviar un correo o rellenar un formulario.

DEL 15M A LA PLAZA TAHRIR

Pablo Soto no ha querido ocultar la satisfacción que siente con esta novedosa ordenanza, que no sólo recoge los preceptos de la Ley estatal de Transparencia (estará en marcha desde el 10 de diciembre) sino que va más allá. Con ella se plasma "el reclamo principal" del 15M, "democracia real".

Es el mismo espíritu que se respiró en Egipto con la 'primavera árabe'. "La gente consiguió que cayera el dictador" Hosni Mubarak, ha aplaudido el edil, que ha recordado que lo primero que hizo "la gente de la plaza Tahrir fue ir al registro central del régimen para coger los archivos y publicar esa información".

Lo primero que hizo el equipo de Soto cuando llegó al Ayuntamiento fue sorprenderse primero por la falta de un departamento dedicado a la transparencia y después preguntar a los funcionarios qué información pasaba por sus mesas y podía ser publicada. La iniciativa fue un éxito: más de mil funcionarios respondieron en las primeras 24 horas.

El borrador se concibe como una primera propuesta que se abre a la participación ciudadana, tanto de los grupos políticos como de la sociedad. El calendario con el que trabaja el área estima que el 10 de diciembre se abra el proceso de consulta pública, que podría ampliarse hasta bien entrado enero.