El Pleno de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado una moción impulsada por el alcalde de la ciudad, Daniel Ortiz, para reclamar a todas las administraciones competentes la firma de un convenio que se traduzca en la erradicación del asentamiento ilegal de 'Las Sabinas' donde se ubican más de 250 infraviviendas en el margen del río Guadarrama.
La propuesta, que ha recibido el apoyo de PSOE e IU-LV, trata de impulsar un acuerdo entre la Confederación Hidrográfica del Tajo, la Delegación del Gobierno, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Instituto de Realojamiento e Integración Social y los ayuntamientos de Móstoles, Arroyomolinos y Villaviciosa de Odón para que se acometan, de manera coordinada, las actuaciones dirigidas a resolver esta problemática.
El regidor ha recordado que en los inicios de los años sesenta del pasado siglo, se produjeron a orillas del cauce del Río Guadarrama diversos asentamientos que de forma sistemática fueron incrementando su número. Gran parte de aquellos asentamientos iniciales surgieron de la ampliación de los casetones de las huertas próximas, en construcciones que inicialmente servían para descanso y posteriormente fueron utilizadas como segunda vivienda.
"Con el paso del tiempo, aquellas construcciones iniciales se han convertido en viviendas habitadas la totalidad del año, a la vez que se iban construyendo infraviviendas en las zonas más próximas al río y que hoy constituyen el mayor problema por su continua proliferación", ha recordado Ortiz, quien además ha puntualizado que existen preocupaciones de índole "sanitarias y de seguridad", así como referidas "al deterioro medioambiental de un espacio singularmente protegido".
Según el regidor, además de las competencias propias del Ayuntamiento, coinciden las del propio cauce del río Guadarrama que corresponden en exclusiva a la Confederación Hidrográfica del Tajo, así como las propias del cordel y del Parque Regional de competencia, en ambos casos, de la Comunidad de Madrid. Asimismo, en lo relativo a cuestiones de seguridad es la Delegación de Gobierno la máxima responsable.
Ortiz ha querido puntualizar que el Ayuntamiento de Móstoles "destina importantes recursos municipales, tanto educativos como en ayudas de emergencia a las familias, para minimizar la extremadamente delicada situación tanto de las personas que viven en el asentamiento como de las condiciones de vida en él", si bien estas medidas "no constituyen la solución definitiva y en consecuencia debe buscarse una fórmula de actuación que tienda a dignificar la vida de quienes habitan el poblado".
