La Mesa y Portavoces de la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid ha acordado hoy citar a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, para comparecer el próximo 2 de febrero y aclarar el retraso en la entrega de documentación sobre el Canal de Isabel II a la oposición.
Así lo han confirmado a Efe fuentes parlamentarias, que han explicado que ahora tiene que ser la Mesa de la Asamblea de Madrid quien decida si da el visto bueno a esta solicitud de comparecencia.
En la Mesa y Portavoces de la comisión de investigación de corrupción sólo hay representantes de la oposición (PSOE-M, Podemos y Ciudadanos), ya que el PP decidió abandonarla al considerar que se ha convertido en un espacio para el "linchamiento político".
Sin embargo, el PP sí está presente en la Mesa de la Asamblea, órgano que preside, por lo que probablemente trate de evitar la comparecencia de Cifuentes.
De hecho, el portavoz del PP en el Parlamento regional, Enrique Ossorio, comentó recientemente que esta petición de comparecencia es "improcedente" porque el objeto de la comisión es la "corrupción" y el "error humano" que retrasó el envío de la documentación del Canal de Isabel II "no es un caso de corrupción organizado".
El Gobierno regional había denegado a la oposición la entrega de documentos del Canal de Isabel II porque un informe de la Abogacía General decía que mientras estuvieran incluidos en un proceso judicial tenían "carácter reservado".
Sin embargo, el pasado mes de agosto el Ejecutivo madrileño recibió una providencia del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo donde daba vía libre para facilitar esta documentación, según ha desvelado recientemente un medio de comunicación.
Para el próximo 2 de febrero, la Mesa y Portavoces de la comisión de corrupción ha acordado citar a otros tres comparecientes, entre ellos Sebastián Sánchez, el subdirector general de Régimen Jurídico cesado por el Gobierno regional por "un error grave" al no haber visto el correo electrónico con la providencia.
Los otros dos son Carlos Moro, abogado general de la Comunidad de Madrid, y Fernando Luque Regueira, letrado de la Abogacía General.
