Madrid defenderá en los tribunales su limitación a los alquileres turísticos

Madrid defenderá en los tribunales su limitación a los alquileres turísticos

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha anunciado sobre el recurso de la CNMC contra las restricciones a los pisos de alquiler turístico, que el Ayuntamiento de Madrid "seguirá trabajando para proteger el uso residencial y evitar la expulsión de los vecinos del centro".

A su juicio, "no limitar el alojamiento turístico supone renunciar a la ordenación de la ciudad y dejar a los ciudadanos en manos exclusivamente del mercado", señala el concejal en Twitter.

El Ayuntamiento de Madrid defenderá en los tribunales la normativa municipal que exige la obtención de una licencia para alquilar un apartamento turístico durante más de 90 días al año, tras el recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante el Tribunal Superior de Justicia, por considerar que es contraria a la libre competencia.

Así lo han indicado a Efe fuentes del Consistorio, que señalan asimismo que corresponde a los tribunales de la vía contencioso-administrativa estudiar el recurso hecho público hoy por la CNMC.

Desde el Gobierno de Manuela Carmena subrayan que defenderán sus medidas en los tribunales porque su objetivo es "poder regular un sector que proteja los usos residenciales del suelo siendo estas competencias, (las del urbanismo), de los ayuntamientos".

Además rechazan que, como señala la CNMC, esta norma urbanística sea contraria a la competencia y perjudique a los consumidores, y sostienen que esta medida "favorece la competencia en un sector donde también están hostales y hoteles".

El Ayuntamiento de la capital española estudiará el recurso interpuesto por la CNMC y defenderá y colaborará con el tribunal "en lo que sea necesario".

El turismo, añaden las mismas fuentes, es una actividad económica importante en la ciudad de Madrid y el objetivo del Gobierno es "protegerlo al mismo tiempo que se concilia con los derechos de los ciudadanos dentro de los barrios como es el propio derecho a la vivienda evitando procesos que la encarecen".

El pasado 26 de julio la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó de forma inicial el plan especial sobre viviendas turísticas que recoge que los inmuebles del centro que se alquilen durante más de 90 días al año deberán solicitar una licencia de uso terciario, de hospedaje, al entender que en ellas se realiza una "actividad comercial".

LA COMUNIDAD PIDE AL AYUNTAMIENTO QUE RESPETE LA NORMA SUPRANACIONAL

Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Pedro Rollán, ha apelado hoy "al sentido común" de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tras el recurso de la CNMC contra las restricciones del Ayuntamiento a los pisos de alquiler turístico, afeándole que adopte medidas "sin respetar la norma supranacional".

La Comunidad, por su parte, está tramitando un decreto que "regulará y dará certidumbre y garantía" a los vecinos y a los propietarios de este tipo de inmuebles y que Rollán espera que esté en vigor antes de fin de año.

Así se ha manifestado el también vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia tras visitar las obras que se están realizando en Fuente el Saz con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR).

Rollán ha criticado que "las nuevas fuerzas de izquierdas", entre las que ha destacado a las alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada Colau y Manuela Carmena, "quieren hacer de su capa un sayo", provocando decisiones como la de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que cree que "se están cercenando y vulnerando" unos derechos determinados.

El vicepresidente ha dicho que, por su parte, el Gobierno regional "es mucho más respetuoso al tramitar cualquier iniciativa", y lo que hace "en primer lugar" es recabar "todos y cada uno" de los informes necesarios para que cualquier medida que se adopte "esté dentro del marco de la legalidad".

De hecho, para el decreto que prepara el Gobierno regional han tenido que recabar "incluso" informes de la Comisión Europea, algo que ha sido "muy costoso" y que se ha alargado en el tiempo, pero que garantiza que el decreto "goza del total y absoluto respeto de todas las artes".