Madrid lanza un programa pionero de atención a discapacitadas víctimas de abusos

Madrid lanza un programa pionero de atención a discapacitadas víctimas de abusos

La Comunidad de Madrid impulsa un programa pionero de atención integral a mujeres y niñas discapacitadas intelectuales que hayan sufrido abusos, un colectivo cuyo "riesgo de sufrir abusos sexuales es cuatro veces mayor al de la población general". Así lo ha manifestado hoy el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, en la firma de un convenio con la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, que ya viene desarrollando la iniciativa en colaboración con la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Fundación Mapfre.

La Unidad de Atención a discapacitadas víctimas de abusos de la Fundación atendió el año pasado 70 casos en España, de ellos 39 en la Comunidad de Madrid, de los que un 45% eran menores discapacitadas que habían sido abusadas sobre todo por "personas cercanas a su entorno".

La novedad del convenio es la puesta en marcha de un sistema de toma de declaración a estas víctimas que ofrezca todas las garantías para ellas mismas y para que sus denuncias permitan abrir inmediatamente una investigación policial.

La iniciativa "viene a arrojar luz sobre una cuestión que hasta ahora era tabú: los abusos, el maltrato y la violencia que se ejerce sobre los jóvenes, niños y niñas con discapacidad intelectual", algo que la "sociedad muchas veces no ha querido mirar, ha dado la espalda a la realidad de extrema vulnerabilidad" de este colectivo, según Victoria.

Hay que "sensibilizar tanto a los profesionales que tengan trato con ellas para que detecten los primeros indicios y les animen a denunciar, como a las propias víctimas", señala. "Vamos a editar una guía para menores con discapacidades para que, de una manera muy sencilla, muy directa, sepan detectar estos primeros signos y puedan denunciar, y al mismo tiempo conozcan que la Administración pone a su disposición un completo abanico de recursos para atenderles", ha añadido.

Tras visitar una sala preparada para tomar declaraciones a los menores, Victoria ha insistido en "trabajar de la mano de la Fundación, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y también con la judicatura para que las pruebas que se obtengan en esta unidad, se produzcan con total garantía procesal".

La finalidad es que "las declaraciones como testigos, como víctimas, luego valgan para el juicio porque es muy difícil que el joven, la mujer o la niña con discapacidad intelectual pueda repetir su declaración en un juicio público", ha continuado. "Tratamos de que se pueda hacer una prueba preconstituida, como se llama procesalmente, que valga esa declaración al menos para la instrucción y que sea con todas las garantías procesales", según Victoria para quien hay que "empezar a hablar de algo que hasta ahora no se hablaba, porque los menores muchas veces no son conscientes de ello, no hablan o bien se decide tapar".

El convenio incluye la reserva de plazas de emergencia en la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, ya que "muchas veces la violencia la ejercen personas del entorno del discapacitado y es necesario que salgan de ese entorno de forma inmediata", ha añadido.

El en teléfono 012 Mujer se ha unificado toda la atención a las víctimas de violencia y la reserva de plazas de emergencia, ha recordado el consejero.

Para la presidenta de Fundación, Carmen Cafranga, los abusos a discapacitados son "un tema tabú, muchas veces se subestiman" sus declaraciones y denuncias lo que les hace aún más vulnerables, y que todos, incluido el sistema judicial, se tienen que implicar más.

Cafranga ha agradecido que la Consejería incorpore a la Red de centros de la Comunidad esta Unidad de Atención a Víctimas puesta en marcha por su Fundación, a la que acudía la menor asesinada Sandra Palo.

Por otra parte, Victoria ha asegurado que los presupuestos de la Consejería en atención a la violencia de género "no se han visto afectados por la Ley de modificación de los Presupuestos de la Comunidad" aprobada hace escasas semanas. "Es una cuestión prioritaria, va a seguir siendo y no van a faltar recursos para que las mujeres denuncien. No habrá ningún tipo de reducción, antes al contrario, una priorización en la atención a las víctimas de violencia", ha apostillado.