Madrid Calle 30 habría costado un total de 9.400 millones de euros a los madrileños, 3.600 de los cuales corresponderían a las obras en la vía y en los túneles, ha asegurado hoy el consejero apoderado de Madrid Calle 30, Samuel Romero, en la comisión municipal de investigación municipal al respecto.
El presupuesto inicial de la modificación de la M-30 era de 1.700 millones de euros, a posteriori se presupuestaron las obras en 2.500 millones pero finalmente terminaron costando 3.600 millones, sin embargo, este coste no incluye los costes financieros, ha explicado hoy Romero a preguntas de los grupos municipales .
Según el consejero apoderado de esta sociedad mixta -participada en un 80 % por el Ayuntamiento y en un 20 % por un socio privado, Emesa- este modelo de gestión hace que el Consistorio pague gastos que no debería abonar si gestionase de forma directa esta infraestructura como el IVA o el impuesto de sociedades.
Con el actual modelo se garantiza un 7% de rentabilidad anual para el socio privado, Emesa, al que el Ayuntamiento de Madrid paga dividendos y también los intereses de un crédito de préstamo subordinado dado por esta UTE para acometer los trabajos.
Dado que esta rentabilidad está asegurada, cuando se producen incumplimientos por parte del socio privado es el Consistorio madrileño el que los costea, ha explicado el consejero apoderado.
DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD
El consejero apoderado de Madrid Calle 30, Samuel Romero Aporta, se ha referido este miércoles en la última sesión de la comisión de investigación a las "deficiencias de seguridad" y los déficits encontrados en la obra desde la misma apertura de los túneles, que se están solventado ahora con una "puesta a cero". "La puesta a cero es poner el túnel en las condiciones que debieran estar" cuando se inauguraron, ha apuntado a preguntas de la concejala socialista Mercedes González.
El ingeniero de Caminos experto en infraestructuras ha explicado que entiende que pueda haber filtraciones en la obra dada su cercanía al río Manzanares pero lo que le choca es que "comienzan desde el primer día de la infraestructura", que ha llevado incluso a la clausura de túneles para poder ser reparados.
Cuando llegó a la sociedad se encontró con un plan de inspección que únicamente se estaba elaborando. La empresa, cuando llegó a ella, licitó a unos expertos las actuaciones de mejora para cada deficiencia en una "puesta a cero para poner el túnel en las condiciones que debieran estar" desde su inauguración.
Por la comparecencia ha pasado la cuestión de la factura de la luz. A preguntas del concejal de Ciudadanos Miguel Angel Redondo, Romero ha contestado que el pliego de cláusulas administrativas determina las obligaciones de la sociedad adjudicataria del contrato, que estipula que es ésta la responsable de la factura eléctrica. En busca de la máxima garantía jurídica preguntó a Intervención, que señalaba que esa factura debía ser responsabilidad de la adjudicataria.
Redondo también le ha preguntado por la duplicidad de conceptos en los distintos contratos y modificados, como los referidos a la limpieza, los coches de mantenimiento, las actuaciones en los firmes, las 112 cámaras pagadas pero no instaladas (1,3 millones de euros) o los 1,5 millones de sobrecoste por estaciones meteorológicas que cuestan 700 euros.
Además no están en la infraestructura sino que solamente es una la instalación y se encuentra en el tejado de las oficinas de la empresa. Los pliegos apuntaban a diez estaciones. "Pregunté dónde estaban y me confirmaron que no había ninguna en el túnel, que sólo está la del centro de control de Madrid Calle 30", ha expuesto.
Volviendo a las cámaras, el consejero apoderado ha destacado que no corresponde la instalación con lo que aparece en las certificaciones de obra, que controla lo que se abona. El resultado es un número dispar entre las instaladas y registradas en una plataforma de mantenimiento e inventario, las que aparecen reflejadas en dichas certificaciones. "He visto partidas alzadas en la obra y en la certificación final no aparecen, además de no verlas materializadas en la infraestructura", ha asegurado. Las acciones llevadas a cabo por el consejero apoderado pasan por la incoación de expedientes para exigir a las adjudicatarias la ejecución de las obras.
UN AHORRO DE 340 MILLONES SI SE REVIRTIERA EL SISTEMA DE CONCESIÓN
El Ayuntamiento de Madrid ahorraría hasta 2025 un total de 340 millones de euros si revierte el actual modelo de gestión de la M-30, una sociedad mixta participada en un 80 % por el Consistorio y en un 20 % por un socio privado, Emesa, descontando el coste de la indemnización a la UTE de Ferrovial y Dragados. La indemnización por revertir el contrato de mantenimiento de Madrid Calle 30 sería de 150 millones de euros, según ha revelado hoy la directora del Sector Público del Consistorio entre 2013 y 2016, Marta Fernández, en su comparecencia en la comisión de investigación municipal sobre esta sociedad mixta.
Las cifras aportadas hoy por la exdirectora del Sector Público aparecen en una nota de trabajo que el PP ha censurado hoy que no se haya hecho pública.
Para resolver el contrato, se necesitan análisis económicos financieros y se deben aplicar criterios de eficiencia y de calidad del servicio, ha añadido Fernández, que ha explicado que las cifras dadas hoy muestran el resultado de comparar ambos modelos, el de gestión mixta y el de gestión directa, y sus posibles resultados.
