El juez Eduardo López Palop, que instruye el 'caso Madrid Arena', ha comunicado este martes en una reunión a las partes personadas en el caso que "ni una sola persona" que haya tenido relación con la tragedia ocurrida en este recinto municipal se librará de declarar por estos hechos. El juzgado que investiga la tragedia del Madrid Arena ha negado hoy que haya admitido a trámite una querella por homicidio imprudente y prevaricación contra la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en contra de lo afirmado por la Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM).
Previamente, fuentes próximas a la investigación habían asegurado que el juez Eduardo López Palop, que instruye el 'caso Madrid Arena', había admitido a trámite una querella contra la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por homicidio imprudente en relación a la muerte de cinco jóvenes en la fiesta que se celebró en este recinto municipal la noche del 31 de octubre, pero el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investiga el caso, ha asegurado en una nota remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que es "absolutamente incierto" que se haya admitido querella alguna contra diferentes responsables del Ayuntamiento de Madrid.
El titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, sostiene la nota, únicamente ha admitido la personación en el procedimiento, en calidad de acusación popular, del Sindicato Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid.
El escrito judicial del sindicato se dirige también contra el delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Antonio de Guindos, el concejal Pedro Calvo, así como los exdirectivos de Madridec José Angel Rivero y Jorge Rodrigo. Segun los querellantes, piden
que los cinco sean acusados de los supuestos delitos de prevaricación omisiva y homicidio imprudente. Estos delitos están penados con inhabilitación y hasta cuatro años de cárcel, por permitir el funcionamiento del Madrid Arena, que "carecía de cualquier tipo de licencia o planes de seguridad y prevención", lo que, a su juicio, provocó los incidentes que concluyeron con la muerte de cinco personas.
EL JUEZ AFIRMA QUE NI UNA SOLA PERSONA QUE ESTÉ IMPLICADA SE LIBRARÁ DE DECLARAR COMO IMPUTADO
El juez que instruye diligencias sobre la avalancha ocurrida en la fiesta de Halloween en el Madrid Arena, que provocó la muerte de cinco jóvenes, ha trasladado hoy a las partes que habrá nuevas imputaciones en el caso. Así lo ha expuesto hoy el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop, a los abogados personados en la investigación judicial durante una reunión para tratar diversas cuestiones relacionadas con el proceso, según algunos de los letrados que asistieron al encuentro.
El magistrado ha señalado para los días 15, 16, 21, 22 y 23 de enero las declaraciones de los ya imputados en la causa sin precisar qué día comparecerá cada uno, ha precisado Gerardo Viada, el abogado de la familia de Katia Esteban, una de las chicas fallecidas.
Entre los siete imputados pendientes de ser citados a declarar ante el juez, figura el administrador de la empresa Diviertt, organizadora del evento, José María Flores.
También tendrán que comparecer como imputados el exgerente de Madrid Espacios y Congresos Jorge Rodrigo Domínguez, el exdirector de seguridad de Madrid Espacios y Congresos Rafael Pastor Martín y los responsables de seguridad de esta empresa municipal, Francisco del Amo López y José Rodríguez Caamaño.
Las otras dos personas que declararán como imputadas son los responsables de seguridad de Seguriber, Raúl Monteverde y Juan José París Nalda.
Viada ha indicado que el empresario Miguel Ángel Flores, gerente de la empresa organizadora de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena, tendrá que volver a declarar ante el juez como imputado, por sostener en su primera declaración que vendió 9.650 entradas cuando el recuento final de los boletos hallados en el recinto arrojó una cifra de 16.791.
El juez ha pedido que todas las acusaciones populares -Manos Limpias, el PSOE, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM) y la Asociación de Abogados Europeos- litiguen con un mismo abogado y procurador.
También ha planteado que todas las acusaciones particulares de las víctimas que no sean fallecidas litiguen bajo la misma representación.
Viada ha indicado que los abogados de las partes personadas en la investigación judicial visitarán mañana el recinto, tras recibir la autorización del juez, y que el próximo 26 de diciembre habrá una nueva inspección ocular del pabellón.
Por otro lado, los abogados han señalado que les parece "deplorable" que Diviertt esté organizando una fiesta para el próximo Año Nuevo y ha criticado la ausencia de conciencia social por parte de los empresarios que siguen facilitando locales a la empresa de Miguel Angel Flores. "No es de recibo que en este país, con una persona imputada por cinco muertos, se permita otros empresarios facilitar emplazamientos, que me gustaría saber si tienen las licencias. Es una vergüenza. No se puede impedir a un empresario que ejerza su actividad, pero tiene que haber un conciencia social para que no se faciliten locales", ha señalado.
En cuanto a las diligencias, la Policía se encuentra ya visionando las más de 1.000 horas captadas por las 127 cámaras desplegadas por el pabellón en el que se celebró la fiesta.
EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ARCHIVA LA QUEJA CONTRA EL JUEZ QUE IMPIDIÓ DONAR LOS ORGANOS DE UNA VICTIMA DEL MADRID ARENA
Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la queja que presentó el presidente del Consejo General de los Colegios de Médicos de España contra el juez que denegó la autorización para proceder a la donación de órganos de una de las víctimas del Madrid Arena.
En su resolución, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial entiende que la decisión adoptada por el magistrado, "se comparta o no", lo fue en el ejercicio de su función jurisdiccional y que en el ámbito de sus funciones disciplinarias no se puede entrar a valorar "el acierto o desacierto de la misma".
El Colegio de Médicos de España presentó una queja contra el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, por denegar autorización para proceder a la donación de órganos de una de las víctimas, la joven de 17 años Belén Langdon.
El Juzgado, que se encontraba en funciones de guardia, recibió una petición de autorización por parte del Hospital Universitario 12 de Octubre para proceder a la extracción de órganos y tejidos del cadáver para su posterior trasplante.
El médico forense adscrito al Juzgado de guardia emitió un informe favorable únicamente en cuanto a la extracción de hígado y riñones.
A la vista de que la muerte de la joven estaba bajo investigación en otro órgano judicial, el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, decidió no autorizar la extracción de los órganos de la fallecida con el fin de "no interferir en la investigación judicial de los hechos".
