La Comunidad de Madrid acusa al Gobierno de querer dejar sin alimentos básicos a más de 100.000 madrileños
- La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha cargado contra la implantación del nuevo modelo de tarjeta monedero
- Dávila ha censurado que el Gobierno haya negociado con las autoridades europeas el nuevo modelo "obviando una vez más a opiniones los criterios de las comunidades autónomas
La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha acusado al Gobierno de querer dejar "sin alimentos básicos" a más de cien mil personas en situación de vulnerabilidad en la región con la implantación del nuevo modelo de tarjeta monedero.
En el pleno de la Asamblea de Madrid, este jueves, Dávila ha censurado que el Gobierno haya negociado con las autoridades europeas el nuevo modelo "obviando una vez más a opiniones los criterios de las comunidades autónomas", que excluye al 70 por ciento de la población sin recursos que tiene derecho a esos alimentos.
El nuevo modelo limita la distribución de las tarjetas monedero a familias con menores a su cargo, y excluye a otros colectivos sociales en situación de vulnerabilidad como personas mayores con pensiones bajas, personas sin hogar, familias con hijos mayores de 18 años o migrantes.
La Comunidad de Madrid dará ayudas a 100.000 madrileños vulnerables que "quedan fuera" de las tarjetas monedero
La consejera madrileña ha criticado que el Gobierno se "autodenomine solidario" pero, ha denunciado, "quiere dejar sin alimentos básicos a más de cien mil personas vulnerables" en la Comunidad de Madrid con las tarjetas monedero impulsadas por el Ejecutivo central.
En esta línea ha comentado que el Gobierno ha reconocido ante las comunidades autónomas el "fracaso" de esta medida, ya que "no habrá tarjetas para todas las personas en las ciudades y no se van a repartir en zonas rurales", ha relatado.
Ante esta situación, ha asegurado que la Comunidad de Madrid aprobará una inversión de 7 millones de euros a través de la convocatoria de ayudas con cargo al 0,7 % del IRPF e Impuesto de Sociedades para que entidades de alimentos "puedan seguir facilitando recursos a ese 70% de población vulnerable que sus tarjetas monedero (del Gobierno) han dejado fuera".
