El consejero de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad, Carlos Izquierdo, ha defendido este lunes que la adjudicación de un contrato por valor de 200.000 euros para la promoción de la integración de discapacitados a la exconsejera de Caja Madrid Carmen Cafranga, imputada en el caso de las 'tarjetas black', pese a existir un informe que lo desaconsejaba responde a "un procedimiento normalizado".
En declaraciones a los medios antes de la constitución del nuevo Foro Regional para la inmigración de la Comunidad, Izquierdo ha manifestado su "absoluta tranquilidad" en relación con la información hecha pública este mismo día por la Cadena Ser. "Se trata de un procedimiento normalizado donde una mesa compuesta solamente por funcionarios y personal técnico hace una valoración", ha señalado Izquierdo.
Asimismo ha reconocido que la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid "entendía que era una baja temeraria y que tenía que ser otro el adjudicatario".
"Pero si la mesa decide que tiene que ser ese lo que no podemos es saltarnos los procedimientos", ha agregado, para subrayar que "ésta es una cuestión absolutamente técnica".
Según la Cadena Ser, la dirección general informó desfavorablemente acerca de la viabilidad económica de la oferta presentada por la Fundación Pardo Valcarce para el desarrollo del Aula de Apoyo para la Integración Sociolaboral de Personas con Inteligencia Límite en un escrito firmado el 11 de agosto de 2015.
Tal y como precisa la emisora, la fundación de Cafranga explicó el bajo precio de su oferta esgrimiendo que podía ahorrar en costes laborales frente a sus competidores gracias a las subvenciones que le había otorgado el Gobierno de Ignacio González el 1 de junio de 2015, 24 días antes de la toma de posesión de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
