El hermano del expresidente madrileño Ignacio González, Pablo González, ha rehusado hoy hacer declaraciones en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid sobre el caso del campo de golf del Canal de Isabel II por su condición de investigado en el caso Lezo. "No haré declaración alguna ante esta comisión y solicito de sus señorías el debido respeto a los derechos que me asisten", les ha dicho a los diputados al comienzo de su intervención.
Lo ha comentado después de pedir en dos ocasiones a la presidenta de la comisión la lectura de sus derechos, que permiten a los comparecientes no declarar, aunque están obligados a comparecer. González ha recordado a los parlamentarios que recientemente el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha considerado que no es "procedente" entregarles documentación relacionada con el caso Lezo al estar "en fase de instrucción" y poder "conducir a valoraciones y juicios paralelos".
De esta forma, se ha referido a documentos del Canal de Isabel II reclamados por los grupos parlamentarios de la oposición, como las actas de la empresa púbica madrileña relacionadas con la compra de la empresa brasileña Emissao y la colombiana Inassa, operaciones investigadas en el caso Lezo.
Tras su intervención inicial, González ha permanecido en silencio ante las preguntas de los diputados de la oposición. "Comprendo el auto que nos ha leído (...) pero esto no quita para que usted pueda aquí declarar y comparecer. Mucha gente que está en su misma situación ha venido aquí y de motu propio ha decidido comparecer, hablar con nosotros y contarnos lo que sabe", le ha dicho el diputado de Ciudadanos César Zafra.
Por su parte, la diputada de Podemos María Espinosa ha señalado que la tarea de esta comisión consiste en "investigar sobre los casos de corrupción y conocer las implicaciones de quienes saquearon las instituciones durante todo este tiempo". "El PP hace de los servicios públicos el negocio de unos pocos, y usted está entre esos pocos", ha añadido.
La diputada del PSOE-M Encarnación Moya le ha preguntado entre otras cuestiones si negociaba en nombre de su hermano y si le consta que Ignacio González dio instrucciones en el Canal para construir el campo de golf "a pesar de que no había licencia municipal". Por primera vez, en la comisión de investigación de corrupción no ha tomado la palabra ningún diputado del PP tras la decisión del grupo de abandonar este espacio alegando "trato inquisitorial" y "linchamiento político".
En cambio, entre el púbico sí estaba la parlamentaria del PP Isabel González, hermana del compareciente, que lo ha acompañado al edificio de grupos del Parlamento regional tras su comparecencia, de media hora de duración.
El juez Manuel García Castellón, que investiga el caso Lezo, eleva a 1,2 millones de euros el importe total de comisiones ilegales que los investigados, entre ellos Pablo González, pudieron obtener a costa del erario en el contrato de adjudicación de la construcción y gestión del campo, ubicado en terrenos del Canal del madrileño distrito de Chamberí. Además sostiene que Ignacio González se concertó con otros investigados, entre ellos su hermano, "para lograr que el contrato" recayera en la constructora ACS en unas condiciones económicas "perjudiciales" para la Comunidad de Madrid.
LA CONCESIONARIA DEL GOLF DEL CANAL SABÍA DEL NEXO CON LA FAMILIA GONZÁLEZ
El socio y encargado de las cuentas entre 2007 y 2010 de la empresa Tecnoconcret, la primera adjudicataria por cinco años de la gestión del campo de golf de Chamberí, Fernando Manuel Serrano Fuentes, ha reconocido este viernes que conocía los vínculos familiares de la empresa con la familia de Ignacio González, aunque ha apuntado que siempre actuaron con "corrección fiscal, contable y administrativa".
Serrano Fuentes ha señalado esta mañana en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política que se acogía a su derecho a declarar y no iba a seguir la dinámica de preguntas y respuestas. "Yo ahora estoy como investigado en una causa enorme que por circunstancia se me imputan unos hechos gravísimos. Estoy en la causa en la que tampoco me han explicado qué es lo que a mí se me imputa, una imputación global enorme", se ha quejado.
"He declarado en la Audiencia Nacional y en la Guardia Civil y aún no sé de que debo defenderme. Estoy con una cierta indefensión. No quiero derivar la causa contra mí a otro ámbito que no sea el estrictamente judicial. No voy a entrar en el sistema de preguntas porque no quiero perjudicarme en el curso de investigación", ha proseguido.
No obstante, el compareciente ha señalado que fue contratado por Tecnoconcret porque le captó un amigo, José Juan Caballero, cuñado de Ignacio González, ya que está casado con Isabel González, actual portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid. De esta manera, ha reconocido los vínculos familiares de la adjudicataria del campo de golf con la familia González, aunque ha apuntado que no conoció al expresidente, y a que a su hermano Pablo --que el juez relacionada también con esta empresa-- le conoció posteriormente.
Serrano Fuentes ha explicado que Tecnoconcret era en 2007 una especialista en instalaciones deportivas, especialmente en campos de golf y que "habían tenido bastante éxito en otros proyectos anteriores, estaban en proceso de construir un campo de golf y tenía la intención de construir más en España y en el extranjero". "Era una empresa de buena tecnología y conocimientos y vi que era una empresa interesante. Entré y empecé a llevar la contabilidad. Yo me incorporo a algo que está en funcionamiento como jefe administrativo. Mi función era cobrar factura, llevar las facturas del banco. Mi labor era de contabilidad y gestión", ha manifestado.
Además, Serrano Fuentes ha indicado que le regalaron el 5 por ciento de participación de la empresa pero que no cobró nada por dicha participación porque "no salió ningún proyecto". Fue en 2010 cuando le despiden de la empresa y tiene que devolver dicha participación. "Se me indemniza y ahí termina mi relación con la empresa", ha indicado.
El exsocio de Tecnoconcret ha señalado que desconocía el contrato de gestión del campo de golf, pero que "implicaba una facturación recurrente". Dicho contrato terminó a los 5 años y no se renovó. En cuanto a la gestión de las instalaciones propiamente deportivas se encargaba Green Canal Golf, en la que Tecnoconcret tenía una pequeña parte "y no hubo nunca ningún beneficio por esta gestión". "El campo tardó en abrir y yo no fui nunca al campo. Se compraron unas acciones y luego se vendieron con el mismo importe. Cero actividad en esto, ingresos ninguno", ha insistido durante su única inicial.
