El delegado de Hacienda y Administración Pública, Juan Bravo, manifestó este viernes que la subida del IBI del 5,7% cada año entre 2012 y 2021 "es un acto obligado por la ley del catastro". Explicó que esta ley establece que a partir del quinto año de la última revisión catastral, los ayuntamientos pueden solicitar una nueva revisión, "y a partir del décimo año es obligatoria en todo caso".
Tras el Pleno extraordinario celebrado este viernes para aprobar el funcionamiento interno del Ayuntamiento, Bravo señaló a la prensa que es una medida anunciada hace más de un año, que está en el programa electoral del PP y que ha sido objeto de debate en la campaña electoral.
Según Bravo, la aprobación de la Ponencia de Valores le corresponde a la Dirección General del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda, con la que han estado trabajando desde hace más de un año, y que la Junta de Gobierno ayer lo que hizo fue aprobar el informe favorable a la ponencia.
Bravo insistió en que el aumento del recibo del IBI a partir del próximo año "es algo a lo que venimos obligados por ley"; y recordó que llevan siete años demandando del ministerio, con el apoyo unánime de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la modificación del IBI para introducir elementos de capacidad económica de las familias.
"Mientras no se modifique la ley, y quien tiene competencia para modificarla es exclusivamente el Gobierno de la nación, no podemos hacer otra cosa", aseguró. Explicó que el IBI actualmente no tiene en cuenta la renta de las familias, y dijo que es necesario que sí lo haga para que los ayuntamientos puedan establecer bonificaciones en la cuota de hasta el 50% en función de la renta.
Según Bravo, el ministerio siempre ha manifestado estar conforme desde el punto de vista técnico con que se tenga en cuenta la capacidad económica de las familias, "pero lo aplaza hasta la siempre esperada y nunca aprobada reforma de la ley de haciendas locales".
Sobre el hecho de que otros ayuntamientos, como por ejemplo el de Barcelona, no se acojan a la revisión catastral y no suban el IBI, reiteró que la ley dice que a partir del décimo año es obligatorio y dijo que "el que otros ayuntamientos, otras ciudades, incumplan con la previsión legal no es un problema del Ayuntamiento de Madrid".
TASA DE BASURAS
Bravo negó que la revisión catastral provoque también una subida de la tasa de basuras, porque, aunque esté referenciada al valor catastral, se bajarán los tipos para que no suba. Sin embargo, el portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, no cree que vaya a ser así, y opina que "tendr
repercuión, se diga lo que se diga, en la tasa de basuras".
Lissavetzky criticó el "catastrazo" del Ayuntamiento y aseguró que la subida del IBI "no es autómática, tiene que solicitarla el Ayuntamiento al ministerio", por lo que, a su juicio, "la responsabilidad única es de Gallardón". Tanto él como el portavoz de IU, Ángel Pérez, y el de UPyD, David Ortega, reclamaron bonificaciones en el IBI para las rentas más bajas.
Pérez indicó que le "choca" que la primera medida aprobada por la Junta de Gobierno haya sido ésta y no medidas para crear los 150.000 empleos prometidos por Gallardón; mientras que Ortega dijo que la subida del IBI es "una codecisión tomada por el Gobierno de España y por el Ayuntamiento de Madrid".
