González tacha de irresponsabilidad la indefinición judicial sobre la externalización

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha dicho que lamenta el "caos" sembrado por la "indefinición" del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha decidido mantener en las secciones iniciales los recursos que habían paralizado la externalización de seis hospitales madrileños.

En declaraciones a los medios durante la presentación de las obras de acondicionamiento del acceso norte a Aranjuez, González ha comentado que le parece una decisión judicial "sorprendente" y la ha calificado como una "irresponsabilidad" ya que, a su juicio, no se puede dilatar más en el tiempo.

"Respetamos la decisión judicial nos guste o no, lo que lamento es que sea ésa la decisión porque sigue sin pronunciarse sobre la adopción de una medida provisional", ha señalado.

González ha defendido la introducción de empresas privadas en la gestión sanitaria al comentar que es una medida que ya se está aplicando en España y a nivel internacional y que en el caso de Madrid se ha introducido en cuatro hospitales públicos en los que "la sanidad sigue siendo universal y gratuita". Además, ha recalcado que, "a pesar de la polémica", con este modelo han conseguido "ahorrar gastos manteniendo los mismo servicios".

Respecto a los profesionales que trabajan en los hospitales cuya externalización se ha paralizado, ha asegurado que mantendrán sus puestos de trabajo en aplicación del plan de recursos humanos puesto en marcha a finales de año que, según ha indicado, "tiene ventajas" para los que están en situación de temporalidad e interinidad.

El presidente regional también se ha pronunciado sobre la ley que obliga a implantar el copago en los medicamentos dispensados en los hospitales, una decisión que considera "muy compleja" y difícil de llevar a la práctica, y que siguen estudiando. "No podemos aplicar una medida que claramente perjudica a los ciudadanos y a las arcas públicas", ha dicho, al considerar que el coste puede ser mayor que los ingresos obtenidos.

Sobre este asunto, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ya ha anunciado que la Junta asumirá exclusivamente el coste de esas medicinas. "Me parece muy bien, pero nosotros ya lo estamos pagando (el coste de los medicamentos) y lo vamos a seguir pagando", ha indicado en referencia a la Comunidad de Madrid.

Sobre el posible aumento del IVA para determinados materiales y productos sanitarios, González ha dicho que no cree que pueda afectar a las empresa adjudicatarias porque su voluntad es "seguir" adelante con la gestión de los seis hospitales y ha recordado que han interpuesto un recurso contra la paralización. Además, ha añadido que este asunto no le compete a la Comunidad de Madrid, sino que es el Ministerio de Hacienda quien debe pronunciarse al respecto

GÓMEZ CONSIDERA "IMPOSIBLE" PRIVATIZAR LOS HOSPITALES EN ESTA LEGISLATURA

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha afirmado que va a ser "imposible" que el Gobierno regional privatice en esta legislatura los seis hospitales que tenía previsto tras conocerse ayer la decisión del TSJM de devolver a las secciones los recursos que habían paralizado la externalización.

Tras participar en la concentración en defensa de la sanidad en el centro de salud de Los Yébenes para apoyar las reivindicaciones de los trabajadores y usuarios de este centro, Gómez ha exigido al Gobierno de Ignacio González que abandone "definitivamente" los planes de "privatización" de los hospitales y centros de salud.

"Con la salud no se negocia, la salud no se pone en juego para que vengan unos poquitos a hacer negocio", ha señalado el líder socialista.

Asimismo, Gómez ha manifestado que el Gobierno regional ha sufrido una "importante" derrota y que no tiene margen de actuación tras afirmar que la decisión del TSJM evidencia que el PSM tenía razones sólidas y fundadas para presentar una recusación contra el juez Gerardo Martínez Tristán.

Gómez ha insistido en que la decisión tomada ayer por el TSJM es una "magnífica" noticia porque, a su juicio, la "supersala" que se había creado para resolver los recursos era una "artimaña" del juez Martínez Tristán y el Ejecutivo madrileño para dar luz verde al proceso de privatización.