El Gobierno de Madrid ha analizado el anteproyecto de Ley para la Protección de los Consumidores, con el que pretende eliminar la letra pequeña de los créditos hipotecarios y hacerlos más "transparentes" para que el contratante conozca "todas y cada una de sus obligaciones" con la entidad financiera. Así lo ha indicado hoy el vicepresidente regional, Ignacio González, al término del Consejo de Gobierno que ha analizado el borrador del anteproyecto de la futura Ley de protección a los Consumidores, cuya aprobación y puesta en marcha fue uno de los compromisos adquiridos por la presidenta Esperanza Aguirre en su último discurso de investidura.
Se trata, según el vicepresidente, de que las entidades financieras tengan la obligación de informar a los clientes de las condiciones de cada uno de los préstamos hipotecarios que puedan ofrecerles y de las consecuencias y responsabilidades que asumen en caso de que no puedan hacer frente al pago de los créditos.
González ha insistido en que el objetivo es facilitar "por adelantado" a los interesados en solicitar una hipoteca una información "clara y transparente" en la que se refleje "en letra grande" cada una de las condiciones que pone la entidad financiera en cada fórmula de crédito posible y darles tiempo suficiente para analizarlas.
De este modo, el firmante de una hipoteca sabrá si, en caso de impago, debe hacer frente a la deuda sólo con la vivienda hipotecada (dación) o con sus bienes presentes y futuros.
Ha recalcado que la nueva Ley del Consumidor no tiene que ver con el pago de las hipotecas por dación pues, según ha dicho, la Comunidad no tiene competencia para ello ni la necesita porque "eso ya está hecho".
Ha insistido en que lo único que busca esta ley es "regular los derechos de los consumidores a la hora de suscribir hipotecas y pedir préstamos" y hacer unos contratos claros "en los que toda la letra sea igual de grande".
A partir de la entra en vigor de la ley, ha explicado el vicepresidente, los contratos hipotecarios también especificarán claramente las garantías y obligaciones de los avalistas para que ellos también sepan "cual es el alcance de sus responsabilidades".
González ha advertido de que la ley establece penalizaciones y sanciones para las entidades financieras que incumplan sus disposiciones.
Ha informado de que "probablemente" en la reunión del Consejo del próximo jueves se acordará la remisión del borrador de la futura ley -que aún está en elaboración- al Consejo de Consumo de la Comunidad y al Consejo Económico y Social, así como a las entidades bancarias con el fin de recabar las opiniones y sugerencias de todos antes de proceder a la tramitación y aprobación del texto definitivo en la Asamblea.
