El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, cree que el cambio de postura del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas "no ayuda mucho a tener confianza" ni "seguridad jurídica", algo "esencial en un Estado de derecho".
El Tribunal Supremo acordó ayer, tras dos días de debate, que los clientes continúen asumiendo este impuesto, pese a que el pasado 16 de octubre tres sentencias establecieron que tenía que ser la banca quien se hiciera cargo.
"Ha sido un cambio radical"
En declaraciones a los medios tras inaugurar un simposium sobre neurociencia, epilepsia y trastornos del espectro autista en la Fundación Rafael del Pino, Garrido ha comentado que este cambio de criterio "no es bueno". "Si preguntas a cualquier ciudadano se encontrará bastante desconcertado, eso hay que evitarlo", ha manifestado.
En su opinión, "está bien que haya una interpretación de una sentencia (...) por no saber cómo hay que ejecutarla", pero en el caso de las hipotecas ha dicho que "ha sido un cambio radical". "Eso no ayuda mucho a tener confianza y a la seguridad jurídica que es esencial en un Estado de derecho", ha añadido.
Garrido cree que en asuntos de este tipo "sería muy conveniente" que "se reúna quien se tenga que reunir antes para no dar esa impresión que se ha dado de una decisión y la contraria en tan poco tiempo". "Pediría coordinación dentro del poder judicial para evitar este tipo de escenarios que no son nada buenos", ha apuntado.
No obstante, el presidente ha recalcado que desde el Gobierno regional acatarán todas las sentencias, les "gusten menos o más", y ha desechado la posibilidad de que en este caso el Tribunal Supremo haya podido recibir presiones por parte de la banca.
"No lo creo, tengo el máximo respeto por la Justicia y confianza absoluta en su profesionalidad, actúa conforme exclusivamente a la legalidad", ha sostenido. Por otro lado, ha señalado que el PP "quiere trabajar por una revolución fiscal" y "buscar una formula" para que el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas "sea mucho menos gravoso para el ciudadano".
Carmena considera que el Supremo tomó "la peor de las decisiones"
Por su parte, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, calificó de "error enorme" convocar a otros magistrados que no están especializados en la materia para tomar una decisión sobre el impuesto a las hipotecas y añadió que "se ha llegado a la peor de las soluciones en la que parece que la Sala especializada, la Sala que ha profundizado el tema, la Sala que ha tenido la capacidad para intentar cambiar la jurisprudencia como era necesario parece que es la que ha perdido la votación".
La regidora madrileña consideró "muy sorprendente" que no se diera validez a una Sala del Tribunal Supremo específica y especializada "que había tomado ya su criterio". En este sentido, señaló que "es una mala práctica por parte del Tribunal Supremo, que ha roto además su manera habitual de funcionar y que exterioriza una división muy irreal, porque la Sala que controla del tema tenía mayoría suficiente para elaborar las sentencias que elaboró".
Respecto a la decisión final, tomada por 15 votos frente a 13, Carmena comentó que "no es bueno que haya esas diferencias". Por ello, demandó que los magistrados "deben siempre buscar los puntos de coincidencia" y, además, "es necesario que tengan muy en cuenta quienes son los magistrados responsables de dar la línea en las materias que conocen y toda la Sala no puede saber de todo".
A este respecto, la alcaldesa de Madrid remarcó que los especialistas en materia tributaria "son los que habían dictado la resolución". Por ello, "eso ha sido todo un pequeño desastre", lamentó.
Por último, cuando se le preguntó si el Tribunal Supremo recobrará la confianza, Carmena indicó que "un error no quiere decir que haya más errores". Además, "creo que esto ha sido una equivocación de la estructura de la dirección del Supremo, porque hay que recordar que la independencia judicial es importante respecto a los otros poderes y también es importante destacar la autonomía frente a las jerarquías judiciales".
