El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón considera "ética" la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001 a través de una empresa de Panamá, entonces certificado como paraíso fiscal; y tras lo escuchado hasta ahora ha respaldado esta decisión. En la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid, Gallardón ha traído toda la documentación proporcionada ahora por la Consejería de Presidencia sobre el acta de la decisión tomada por el Consejo de Gobierno y toda la documentación añadido sobre Inassa en noviembre de 2001.
El también exalcalde de la capital ha admitido que no participó ni supo que se compró Inassa a través de una empresa de Panamá, Aguas de América. Pero tras escuchar en esta comisión en las últimas semanas al exgerente Arturo Canalda y al exconsejero Mayor Oreja, y también hoy a sus consejeros Pedro Calvo y Juan Bravo, ha asegurado que dicha adquisición la hubiese aprobado "exactamente igual", teniendo en cuenta que fue amparada por el bufete de abogados Garrigues, "el mejor fiscalizador de España entonces". "Yo me enteré cuando se aprobó en Consejo de Gobierno. Antes no sabía absolutamente nada y ahora lo sé todo con estas comparecencias. Si hubiera tenido esa información, jurídicamente bien documentada, lo hubiese autorizado igual exactamente", ha reiterado.
Gallardón ha recordado que fue el consejo de administración del Canal el que conocía los detalles y en él había cuatro militantes del PSOE, representantes de los sindicatos y altos cargos del Estado, entre otras personas ajenas a su partido. "No se comunicó al Consejo de Gobierno, porque no había necesidad de hacerlo, cómo se instrumentabilizaba la operación; pero la respaldo. No veo ningún motivo de reproche del Canal", ha dicho.
El expresidente regional ha explicado que se compró en Panamá a través de "una empresa tenedora" de acciones. "*En qué afecta eso a la Comunidad de Madrid? Si el objeto de la compra el vendedor dice que lo instrumente en Panamá. Y que con un informe de Garrigues que dice que no afecta en nada, me parece correcto. Creo que es legal y siendo legal y beneficioso para los madrileños me parece ético", ha apostillado.
En dicho informe el bufete deja abiertas tres posibilidades de compra. Una sería la compra directa, otra la indirecta con tenedora de esas acciones sin disolución y la tercera con la compra indirecta con disolución inmediata que, según ha señalado, no tiene diferencia de la compra directa. "La opción era comprar o no comprar... no comprar en Colombia o Panamá", ha dicho.
Gallardón ha aseverado que no hubo diferencias entre el acuerdo llevado al consejo de Administración del Canal y el del consejo de Gobierno, aunque entiende que Canal debería tener una "información extensísima" sobre el asunto. "El extracto de la parte resolutiva del acuerdo del Canal Isabel II no se habla de la empresa panameña porque en ese momento estábamos concurriendo con adquirientes italianos, estadounidenses e italianos. Las tres posibilidades estaban abiertas entonces", ha apuntado.
El también exministro de Justicia ha defendido la creación de la filial Canal Gestión para la expansión americana porque "la única forma de hacer la operación con un socio privado (Tecvasa) es hacer una sociedad mercantil". También ha señalado que dicha expansión es legal, ya que en 1995, cuando optaron a la concesión del agua en Cáceres, un juez aprobó que el Canal podía competir fuera de Madrid.
A preguntas de la oposición, Gallardón ha explicado que la pretensión de expansión internacional del Canal empezó en los años 90 pero que se paralizó en su primer Gobierno porque el entonces consejero regional Antonio Beteta le indicó que había "serios problemas estructurales que requerían dedicar una serie de recursos extraordinarios para situaciones peligrosas" y que por eso se concentraron los esfuerzos en Madrid". Luego se encargó un informe a un auditor que aconsejó la salida internacional, algo solicitado por el Banco Mundial "y con contenido social para arreglar el problema gravísimo de agua en Iberoamérica", ha añadido.
"EL DINERO PUBLICO NO SE VIO PERJUDICADO"
Por todo ello, el compareciente ha concluido que con esta operación "el dinero público no se vio perjudicado en absoluto, ni un euro perdió la Comunidad de Madrid". "No se hizo cosa distinta a la que hacen las empresas públicas; esa operación se hizo de acuerdo a la legalidad", ha dicho. Gallardón también ve "imposible" que alguien de su equipo se hubiera podido beneficiar de esta compra. No obstante, ha asumido la "responsabilidad" de todos, ya que él los ha designado. También ve "imposible" que la empresa Tecvasa -el socio minoritario valenciano con el que compraron Inassa--hubiera hecho algo ilegal. "El Canal fue absolutamente decidido a actuar con honestidad", ha aseverado.
Preguntado por la diputada Encarnación Moya de que, según algunas informaciones algunos actores de la venta de Inassa podrían tener algunos vínculos con el narcotráfico, Alberto Ruiz-Gallardón ha asegurado que si eso es cierto "no lo iba a lamentar ni un punto menos que ella".
Por último, el expresidente autonómico ha señalado que aunque "no es grato" acudir a la comisión no ha tenido ningún reparo en hacerlo, al tiempo que ha pedido a los diputados que sigan investigando porque "es la garantía de las personas a las que se ha puesto en duda su honorabilidad para que aclaren esas dudas". "Los hechos son tozudos. Todo lo que he hecho en política se ajusta a la Ley", ha dicho.
"No tengo ninguna duda de los de que los ocho años y medio que estuvimos al frente no cometimos la más mínima irregularidad. Tengo la absoluta certeza de ello. Tengo tanta confianza en mis colaboradores que asumo toda la responsabilidad política de todo lo que hizo mi equipo en la Comunidad de Madrid", ha concluido Gallardón tras casi hora y media de comparecencia.
PEDRO CALVO: LA COMPRA DE INASSA FUE FANTÁSTICA
El expresidente del Canal de Isabel II Pedro Calvo ha dicho hoy que la compra en 2001 de la empresa colombiana Inassa (investigada en el caso Lezo) y la manera de adquirirla, a través de una sociedad radicada en Panamá, fue "fantástica" y "muy beneficiosa" para la Comunidad de Madrid.
En su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, el que fuera presidente del Canal en el momento de la compra ha dicho que no tuvo "ninguna duda" sobre esa operación."Fue fantástica", ha sostenido.
La compra del 75 % de las acciones de la empresa colombiana Inassa se cerró a través de la sociedad panameña Sociedad de Aguas de América, una cuestión que, según Calvo, "le viene impuesta" al Canal.
"La operación en Panamá fue legal y fiscalmente neutra para la Comunidad de Madrid, no hubo ocultación y la operación fue muy beneficiosa para el Canal y para la Comunidad de Madrid", ha declarado.
Calvo, que fue presidente del Canal por su condición de consejero de Medio Ambiente cuando Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid, se ha distanciado en varias ocasiones de Ignacio González, investigado en el caso Lezo, que estuvo al frente de la empresa pública madrileña años después. "Que González haya sido presidente del Canal no le pone al mismo nivel que a mí ni de cerca", ha comentado. El compareciente ha calificado a González como "un supuesto corrupto" que ha tenido "una serie de conversaciones telefónicas en las que no hace más que difamar a todo el mundo".
Además, ha señalado que los apoderados del Canal que cerraron la compra de Inassa "no fueron ni con bolsas de plástico ni con maletines" y "pagaron a través de transferencias internacionales".
Por otro lado, ha subrayado que de esta adquisición "se da cuenta a todo el mundo", algo que ha dejado entrever que no ocurrió con la compra en 2013 de la brasileña Emissao, operación que investiga también el caso Lezo. "Las churras y las merinas no están igual aunque estén dentro del mismo corral", ha apuntado.
La compra de Inassa la acordó en 2001 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido entonces por Gallardón por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros) con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares, pero según los investigadores el valor de la empresa era mucho menor.
Sin embargo, Calvo ha indicado que la decisión de comprar Inassa la toma el Consejo de Administración del Canal, al ser el "órgano que tiene competencias" para ello, mientras que el Consejo de Gobierno autorizó el endeudamiento y la posición mayoritaria del Canal en Canal Extensia. Esta compañía, que aglutina las filiales del Canal de Isabel II en América Latina, fue creada en el momento de la compra de Inassa.
Previamente ha comparecido Fernando Olmos, investigado en el caso Lezo, que fue gerente del Grupo Aguas de Barcelona (Agbar) y posteriormente alto directivo de Inassa.
La empresa colombiana fue constituida en 1996 entre Agbar, con una participación del 51 %, y los inversores colombianos Enrique Gerlein, Luis Niccolella y Nelson Polo Carbonell, titulares de la firma sociedad Latina de Aguas (Slasa), con el 49 %.
Olmos ha dicho que la compra de Inassa por parte del Canal fue "transparente y lógica" y ha explicado que la operación se hizo en Panamá porque "estaba más cerca de Barranquilla que de Bogotá" y en la capital colombiana había "mucha inseguridad y secuestros".
JUAN BRAVO PEDIRÁ ACCEDER A LAS ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINITRACIÓN
El exmiembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II en 2001 Juan Bravo ha indicado hoy que recurrirá ante el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid por denegarle el acceso de las actas del Consejo de Gobierno sobre la compra de Inassa.
Bravo ha sido citado a comparecer en la comisión de investigación de corrupción del Caso Lezo en la Asamblea de Madrid por estar haber formado parte del Consejo de Gobierno cuando se produjo por parte del Canal la compra de la filial colombiana Inassa. "Voy a recurrir ante el Consejo de Transparencia, porque tengo derecho a acceder a esa información", ha recalcado y ha añadido que sí ha tenido acceso copia del acta del consejo de administración del Canal, del 14 de noviembre del 2001, donde se tomó la decisión de comprar Inassa por 73 millones de euros.
Ha subrayado que los requisitos que se exponían en dicho acuerdo para la compra de Inassa se requería una autorización para la compra de la filial colombiana del Canal Extensia y una operación de endeudamiento porque en el presupuesto vigente a ese año "no estaba prevista" dicha compra.
"La compra fue transparente y limpia", ha destacado Bravo, quien ha insistido en que "la verdad es la que es, no la que quieren que sea", ante la insistencia de los diputados participantes de la comisión de investigación.
Asimismo, ha defendido que la operación de la compra de Inassa ha sido una de las "más rentables" para el Canal y ha asegurado que ha "mejorado las condiciones del transporte del agua" en Iberoamérica.
La compra de Inassa la acordó en 2001 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros), con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares.
La Fiscalía Anticorrupción pidió en noviembre de 2016 investigar a Gallardón por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros.
Bravo ha ocupado numerosos puestos dentro de la Administración como consejero de Hacienda de la Comunidad y delegado de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento, ambos cargos en la época de Gallardón, o consejero delegado de Metro después. Actualmente, desde el 2016, es preside la empresa pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
