El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Angel Gabilondo, ha reiterado en un acto en Torrelaguna su intención de "reducir las tasas universitarias de grado y máster" y eliminar las tasas de Formación Profesional (FP) en caso de alcanzar el Gobierno regional.
Gabilondo, que está acompañado por alcaldes y candidatos socialistas de la Sierra Norte, ha incidido en su intención de eliminar las tasas de FP para favorecer el acceso del alumnado, al considerar que "Madrid será lo que su educación", como indica en un mensaje en su cuenta de Twitter.
El exministro socialista ya mostró esta parte de su programa electoral el pasado miércoles, durante la reunión con los rectores de las universidades públicas madrileñas, donde se comprometió a reducir los precios públicos y tasas de matriculación, establecer una financiación suficiente y a elaborar un plan de recuperación del talento para los centros de educación superior e impulsar la investigación, que estaría dotado de unos 400 millones de euros.
En este punto, también abogó por realizar una política de becas específicas en Madrid y evitar con ello que existan estudiantes que no prosiguen sus estudios por cuestiones de dificultades económicas.
CARMONA: "SI SE CONOCEN LOS NOMBRES DE LA AMNISTÍA FISCAL, AFECTARÁ A MADRID"
El candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha asegurado que el Gobierno posiblemente no publique la lista de 704 personas que se acogieron a la amnistía fiscal porque "va a afectar gravemente al Ayuntamiento de Madrid".
Así lo ha manifestado Carmona a los medios de comunicación durante una visita al mercadillo de Barajas, donde ha reclamado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy publique los nombres de quienes se adscribieron al proceso de regularización fiscal puesto en marcha en 2012 -la denominada amnistía fiscal-.
El aspirante socialista al Ayuntamiento de la capital ha aseverado que si se publica esa lista, habrá "una enorme sorpresa en las elecciones de Madrid", tanto en las listas municipales como las de la Comunidad.
Según Carmona, "una democracia no puede soportar" que no se sepan los nombres de esas 704 personas, por lo que, en su opinión, el Gobierno "debe publicarlos".
