El exconsejero y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados acudirá en persona a la Asamblea de Madrid para comparecer en la comisión que investiga el caso del presunto espionaje político a cargos del PP en los años 2008 y 2009.
Fuentes parlamentarias han indicado que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha autorizado la asistencia de Granados -encarcelado como presunto cabecilla de la trama investigada en el caso Púnica- a la cámara parlamentaria. Las mismas fuentes han indicado que ahora serán los responsables del centro penitenciario de Estremera los que deberán fijar el procedimiento por el que se desplazará a la Asamblea.
Granados había sido citado previamente por los grupos parlamentarios para comparecer en la comisión de estudio de la deuda e informar sobre el proyecto fallido de la Ciudad de la Justicia, pero no acudió ya que la asistencia a las comisiones de estudio no es obligatoria. Hasta el día de hoy, los grupos parlamentarios no sabían si tendrían la oportunidad de hacer las preguntas a Granados en persona o a través de videoconferencia.
Además de Granados, también están citados a comparecer este viernes el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González; el ex vicepresidente segundo y exconsejero de Justicia Alfredo Prada, y el exasesor de Seguridad José Manuel Rodríguez.
La portavoz del PSOE-M en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, Encarnación Moya, ha considerado "muy acertado" que el juez haya permitido que Granados acuda al Parlamento regional a aclarar el caso de presunto espionaje a políticos del PP. "Es un personaje clave", ha declarado a los medios en los pasillos de la Asamblea.
El portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, también ha celebrado la autorización judicial porque cree que la comparecencia de Granados ayudará a "acabar de entender qué ha pasado con los espías". Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Césa Zafra, ha recordado que las comparecencias en esta comisión son obligatorias y ha lamentado tener que limitar las preguntas a Granados a un caso concreto.
El pasado mes de junio, la Audiencia de Madrid ordenó reabrir el caso de supuesto espionaje en el PP al considerar que hay indicios de delito de malversación de caudales públicos por parte de los funcionarios de la Comunidad Sergio Gamón, José Manuel Pinto y Miguel Castaño y los guardias civiles José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado.
Todos ellos están acusados de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros políticos madrileños, en 2008 y 2009. Granados negó en su día que su departamento realizara "cualquier encargo de cualquier espionaje o de cualquier seguimiento o informe sobre nadie y sobre ningún asunto de los aparecidos en los medios de comunicación".
Sin embargo, el que fuera su asesor de Seguridad, Marcos Peña, dijo el pasado 18 de marzo en la comisión de investigación que al involucrar a tres guardias civiles en el caso de supuesto espionaje a políticos del PP en 2008 y 2009 hubo un "montaje" para tratar de "encubrir un espionaje real".
