La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha afirmado esta mañana que "ha quedado demostrado" que la número dos del secretario general del PSM, Tomás Gómez, y ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz en 2001, Trinidad Rollán, aprobó el convenio con 'Patrimonio Siglo XXI' "a sabiendas de que era ilegal".
"Ha quedado demostrado que aprobó (Trinidad Rollán) una permuta urbanística a sabiendas de que era ilegal, con un informe de ilegalidad firmado por su secretario", ha afirmado Figar a los medios de comunicación en referencia al juicio que se está celebrando estos días para determinar si Rollán y la corporación municipal de Torrejón en 2001 prevaricó al dar luz verde a ese convenio.
Figar ha destacado que en el juicio el "fiscal sigue manteniendo una petición de inhabilitación de ocho años" y ha añadido que "todo apunta a prevaricación".
Para la consejera, si Rollán ocupa su sillón a la derecha de Tomás Gómez este domingo en el Comité Regional que celebra el PSM, "va a quedar sentenciada la actitud cómplice y permisiva del señor Gómez con la corrupción en su partido".
Figar se ha referido también a la polémica surgida entorno al alcalde de Collado Villalba, José Pablo González, por unas fotos en las que aparece cenando con unos constructores a los que posteriormente adjudicó unas obras de Villalba, y ha destacado que Gómez todavía no se ha manifestado acerca de este "supuesto trato de favor hacia los constructores a los que ha adjudicado las mayores obras del municipio y con los que ha estado manteniendo relaciones estrechísimas, incluso familiares".
La también secretaria de Comunicación del PP de Madrid ha exigido a Gómez que "depure responsabilidades políticas en su partido, ya que las penales ya las dirimirán los tribunales". Por otra parte, ha añadido que "serán los madrileños quienes se encarguen de juzgar políticamente a Tomás Gómez en las elecciones autonómicas y municipales".
Finalmente, la consejera madrileña ha recordado que las responsabilidades políticas "comienzan con Trinidad Rollán", pero "han de extenderse a todos aquellos imputados que sigan ocupando cargos públicos".
