Correa y 20 personas más, a juicio por la rama de Gürtel en Arganda

  • Entre ellos se encuentra el exalcalde de este municipio Ginés López y los empresarios Fernando Martín (Martinsa) y Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica)
Ginés López
Ginés López |Telemadrid

El juez del caso Gürtel ha abierto juicio a 21 personas, entre ellas el líder de la trama, Francisco Correa, y el expresidente de Martinsa Fernando Martín, en la pieza que trata sobre contratos irregulares del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), y ha impuesto fianzas de casi 80 millones de euros.

En un auto, el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata abre juicio a varios miembros de la trama, como su número dos, Pablo Crespo; al exalcalde de este municipio Ginés López; a otras autoridades y funcionarios de la localidad; y a empresarios por contratos amañados entre 1998 y 2009, cuando estalló la operación Gürtel.

El juez califica de "actividad depredatoria" la desplegada por los investigados de cara a enriquecerse con la manipulación de contratos públicos y con cargo a los fondos de las entidades municipales de la localidad madrileña.

En el banquillo se sentarán el exdiputado madrileño del PP y exconsejero de la Sociedad Fomento de Arganda, Benjamín Martín Vasco, y el expropietario de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo (que confesó los delitos en el juicio de la pieza principal de Gürtel). Y otros miembros de la trama Gürtel como José Luis Izquierdo, Isabel Jordán o Pablo Collado; los funcionarios y autoridades públicas César Martín Tomás Morales, Isaac García Requena, Luis Bremond, José Ramón Gutiérrez Villar, María Josefa Aguado y Álvaro García del Río; el empresario José Luis Martínez Parra, y Joaquín Martín Vasco, hermano de Benjamín.

Además, el juez abre juicio como responsables civiles subsidiarias a varias sociedades: las constructoras Martinsa, Constructora Hispánica y Teconsa, y las mercantiles del grupo de Correa Special Events, Easy Concept, Good & Better, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral.

Les atribuye los delitos de prevaricación, fraude, cohecho, falsedad (todos ellos continuados), contra la hacienda pública, insolvencia punible y malversación.