Sorpresa en el Gobierno regional tras conocerse la petición de la Audiencia Provincial de Madrid en el caso del supuesto espionaje a varios dirigentes del PP. La juez Luz Almeida ha solicitado que se reabra el caso en contra del criterio del fiscal, y sólo dos semanas después de ser designada como ponente. La Comunidad se muestra sorprendida por esta decisión, que se produce tras ser archivadas dos veces las denuncias sobre el tema.
Así, el vicepresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, ha calificado de "sorprendente" que después de año y medio de instrucción y de que se archivara dos veces el presunto caso de espionaje a políticos del PP ahora, "en tan sólo 14 días", se nombra a una ponente y se abre de nuevo la causa.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González se ha referido así a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de estimar un recurso de apelación del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea regional contra el sobreseimiento del caso de presunto espionaje a políticos del PP, entre ellos Manuel Cobo y Alfredo Prada.
El "número dos" del Gobierno regional ha recalcado que la Comunidad "respeta la resolución judicial" pero ha mostrado la "sorpresa" que produce que una causa como esta, que se archivó en dos ocasiones al no existir indicio de delito, se reabra ahora en "un tiempo récord" de 14 días, el transcurrido desde que se designa la ponente (la hermana de la abogada socialista Cristina Almeida) hasta que la Audiencia reabre la causa.
Según González, el Gobierno de Madrid confía en que la Justicia archive por tercera vez la causa "como lo ha hecho las dos ocasiones anteriores".
Ha comentado con ironía que, dada la premura con la que se ha reabierto la instrucción, "debe tratarse de uno de los récords mayores de la actuación de la Justicia en un caso de esta naturaleza".
Además ha asegurado que no es habitual que a un caso como este se le de "un tratamiento tan rápido" y que se haga "curiosamente, basándose en un único recurso", el que ha presentado el PSOE de Madrid.
En cuanto a las acusaciones que ha hecho el grupo regional socialista acerca de la existencia de fondos reservados en la Comunidad de Madrid para pagar a los presuntos espías, el vicepresidente ha indicado que "lo que diga Tomás Gómez (líder del PSM) es manifiestamente mejorable".
González ha recomendado "prudencia" al candidato socialista a la presidencia regional y le ha pedido qued explique por qué en Torrejón de Ardoz se perdieron 12 millones de euros en un caso que para Gómez no era prevaricación administrativa o por qué la número dos del PSM y ex alcaldesa de la localidad, Trinidad Rollán, está condenada por malversación de fondos por adjudicar obras "a una empresa y no a otra".
En este sentido, el vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, ha pedido este jueves al secretario general del PSM, Tomás Gómez, que dé explicaciones sobre el caso Patrimonio Siglo XXI, por el que la ex alcaldesa de Torrejón y 'número dos' del PSM fue condenada a ocho años de inhabilitación, y deje de "pontificar" en relación al del espionaje, reabierto esta semana por la Audiencia Provincial.
"Que Gómez, después de una instrucción de un año y medio en la que ha habido todo tipo de diligencias, actuaciones y pruebas y que ha concluido con el archivo por dos veces decretado por el juez y apoyado por la Fiscalía, que venga ahora a pontificar*.", ha opinado González durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Y es que a juicio del vicepresidente regional, "lo que diga el señor Gómez en este asunto es manifiestamente mejorable", por lo que "debería ser más prudente".
El secretario general de los socialistas madrileños preguntó este miércoles "con qué dinero y de quién se ha financiado el famoso espionaje en la Comunidad de Madrid" y añadió que "presuntamente se ha financiado con dinero de los ciudadanos" y que "probablemente haya fondos reservados".
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha asegurado hoy que la magistrada Luz Almeida puede ejercer plenamente sus competencias como sustituta durante este año, de acuerdo con una medida adoptada por el Consejo General del Poder Judicial.
Dirigentes del PP madrileño han cuestionado el papel de la juez Luz Almeida, en la que ven intencionalidad política, y la secretaria de Comunicación de este partido y consejera, Lucía Figar, aseguró ayer que es "una abogada socialista, que ni siquiera es jueza por oposición".
Luz Almeida es la ponente entre los tres magistrados de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid que ha dictado un auto por el que se reabre el caso del presunto espionaje a políticos madrileños, entre ellos el vicealcalde Manuel Cobo y el exconsejero de Justicia Alfredo Prada.
A través de una nota, el TSJM recuerda que el 27 de julio de 2010, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó prorrogar para el Año Judicial 2010-11 el nombramiento de magistrados y magistradas suplentes y jueces y juezas sustitutos/as designados para el anterior año judicial.
En esa propuesta se incluía el caso de María Luz Almeida Castro, apunta el comunicado.
Por su parte, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha señalado que "deben ser los tribunales los que se pronuncien y no los políticos".
En una entrevista en la cadena Cope recogida por Efe, el alcalde de Madrid ha recordado que cuando se publicó la resolución de la juez archivando el caso tanto él como su vicealcalde, Manuel Cobo, dijeron que acataban la decisión de la justicia y ahora que se ha publicado una resolución "en sentido contrario" la respuesta es la misma.
"Es un asunto que está en manos de los tribunales y deben ser los tribunales los que se pronuncien y no los políticos", ha declarado.
El 29 de julio de 2010, después de que el vicealcalde retirase el recurso contra el archivo del caso, de acuerdo con el criterio marcado por la dirección nacional del PP, Ruiz-Gallardón elogió la conducta "ejemplar" que "una vez más" había demostrado Cobo.
"Manuel Cobo ha demostrado una vez más ser un hombre profundamente leal a sus compañeros de partido, un militante disciplinado y absolutamente comprometido con aquello que la dirección del partido establece", afirmó el alcalde.
El pasado 20 de enero, Cobo manifestó que "hay que respetar siempre las decisiones judiciales" y si el juez no encuentra un "reproche penal" para determinadas actuaciones "lógicamente hay que archivar", pero también añadió que eso ocurre cuando es "muy difícil" encontrar cobertura en el Código Penal "para unos hechos que sí están probados".
