El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha afirmado hoy que la Comunidad de Madrid no paga "un solo euro" de la defensa jurídica de los exdirectivos del Canal de Isabel II investigados en el caso Lezo, aunque ha recordado que esta empresa cuenta desde 1995 con un seguro de responsabilidad civil.
Garrido ha dado estas explicaciones en el Pleno de la Asamblea de Madrid, después de que el diputado del PSOE-M Juan Segovia le haya reprochado que los madrileños tengan que "hacer frente a la defensa de señores que nos han robado". De esta forma, se ha referido al ex director general del Canal de Isabel II Adrián Martín López de las Huertas, a la exdirectora Financiera y de Desarrollo de Negocio María Fernanda Richmond y al ex director de Recursos Fernando Cevallos, investigados en el caso Lezo.
El diputado socialista ha criticado la "extraña maniobra" del Gobierno regional de presentarse como acusación particular en el caso Lezo y "pagar los abogados" de los exdirectivos citados anteriormente. Además, ha preguntado si la Comunidad de Madrid está "pagando abogados o comprando silencio" y ha señalado que hace un año se firmó un seguro con una correduría propiedad de un primo de la expresidenta regional Esperanza Aguirre para proteger a directivos del Canal "de forma gratuita".
Garrido ha negado que la Comunidad esté pagando la defensa jurídica de ex directivos del Canal investigados en el caso Lezo, ya que ha sostenido que iría "en contra" de su estrategia procesal, dado que está personada en el caso como acusación particular. Lo que sí que hay, tal y como ha confirmado, es un convenio firmado con la Abogacía General para prestar asistencia jurídica a la plantilla del Canal "cuando no haya conflicto de intereses con la Comunidad de Madrid".
También ha reconocido que el Canal de Isabel II Gestión cuenta con una póliza de responsabilidad civil desde 1995 para hacer frente a los gastos de defensa en las posibles demandas de directivos y administradores de la empresa.
Garrido ha explicado la cobertura de este seguro no incluye fianzas y si los demandados son declarados culpables de un delito doloso "tienen que abonar los costes a la compañía de seguros, no a la Comunidad de Madrid, que no paga un solo euro de esta defensa".
"En ningún caso el coste recae en la Comunidad de Madrid ni en el Canal de Isabel II", ha insistido
