La Comunidad de Madrid, con una nota de 3,2, ha quedado a la cola en la evaluación de los Servicios Sociales que realiza desde hace siete años en toda España la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El estudio refleja una nota media de las comunidades de un 5,22, la más alta del Índice DEC (Desarrollo de los Servicios Sociales).
El Índice DEC 2018 presentado este lunes, coincide con el final de la legislatura -que se inició con una puntuación de 4,54- y refleja una evolución positiva para aquellos que tenían una evaluación más baja, como Comunidad Valenciana y Canarias; mientras que la comunidad de Madrid, con la peor puntuación, es la que registra un mayor deterioro de los servicios sociales.
Solo tres comunidades -País Vasco (7,20), Navarra (7,15) y Castilla-León (7,45)- obtienen un notable mientras que suspenden Andalucía (4,80), Extremadura (4,75), Galicia (4,70), Canarias (3,75), Murcia (3,35), Valencia (3,30) y Madrid (3,20).
El presidente de la Asociación en Madrid, José Manuel Ramírez, ha dicho que este resultado refleja el hecho de que "la Comunidad de Madrid es la autonomía con los peores servicios sociales, la que menos invierte en relación con el PIB de todo España". "Tiene el mayor ratio de habitantes por personas trabajando en el sistema público de servicios sociales, y es la que menos invierte en porcentaje del PIB, solo un 1% en relación con la media nacional", señala Ramírez.
El informe explica que los recortes tocaron fondo en 2013 y desde 2014 los servicios sociales mantienen la recuperación de los niveles de gasto, aunque todavía faltan 1.300 millones de euros anuales para recuperar la inversión anterior a la crisis. Más allá de los datos, alerta de que muchas regiones están convirtiendo los servicios sociales en meras oficinas de procedimientos, acreditación y clasificación, en función de requisitos para acceder a diversas ayudas para atender situaciones de pobreza.
Relación del gasto, cobertura y Rentas Mínimas de Inserción
Refleja diferencias muy importantes entre CCAA respecto al desarrollo normativo de los servicios sociales, Madrid sigue sin una ley de nueva generación (la vigente es de 2003). También en relación al gasto destinado, así el País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en servicios sociales (703 euros/año), que Murcia (297 euros/año).
Las diferencias se dan asimismo en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios. En Navarra hay un profesional de los servicios sociales básicos, comunitarios o de atención primaria por cada 890 habitantes, mientras que en la Comunidad de Madrid, un profesional por cada 8.354 habitantes.
Mientras que las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco alcanzan a más de 3 de cada cuatro personas (76%) en riesgo de pobreza, en cinco comunidades no llega al 5% (Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura y Murcia).
El informe advierte de que gastar más no es necesariamente hacerlo mejor: Extremadura y Asturias presentan índices de cobertura bajos para un esfuerzo económico muy elevado y, según el informe, esas comunidades han desarrollado sus servicios sociales dando la espalda al nivel local y solapando o dejando en sombra muchas coberturas.
El gasto presupuestado en servicios sociales por todas las administraciones en 2018 fue 18.871 (el 1,57% del PIB, en 2010 era el 1,68%); el 25,1% procede de ayuntamientos, el 61,4% de CCAA y un 13,5% de la Administración Central. "España debería llegar al menos al 2% del PIB para los servicios sociales, en muchos países de la UE y de la OCDE solo la atención a la dependencia está por encima” ha detallado Luis Barriga, responsable de análisis económico.
