La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno que elimine la facturación por consumo eléctrico estimado tras recibir más de 14.000 reclamaciones desde enero de 2009. El Gobierno regional ha reiterado que el Ministerio de Industria impuso la facturación mensual con el objetivo de camuflar la subida real de la electricidad de los últimos años, por lo que le pide ahora que obligue a las compañías a hacer las facturas más claras, respetando, "como marca la ley, el derecho de los consumidores a obtener una información suficiente y asequible sobre los conceptos que les están cobrando".
Así lo ha destacado la directora general de Consumo, Carmen Martínez de Sola, en la jornada informativa sobre suministros eléctricos, empresas comercializadoras y protección al consumidor desarrollada en el Círculo de Bellas Artes. Allí, representantes de las principales empresas distribuidoras y comercializadoras del sector eléctrico han debatido sobre la nueva normativa y su repercusión en los derechos de los consumidores.
Martínez de Sola ha recordado que desde que comenzó el proceso de liberalización del servicio eléctrico se han registrado sólo en la Comunidad más de 14.000 reclamaciones sobre este asunto. El año pasado se recibieron reclamaciones, lo que representa el 42,19 por ciento del total de quejas. En este sentido, ha señalado que ya se han firmado los primeros expedientes sancionadores a las empresas que han vulnerado los derechos de los consumidores.
Según datos regionales, el recibo de la luz ha aumentado al consumidor medio en los últimos años dos años más de un 27 por ciento. "Si el Ministerio de Industria fuera una empresa y no una Administración pública, se enfrentaría a un expediente sancionador de Consumo que podría alcanzar los 250 millones de euros por incurrir en información insuficiente al consumidor y publicidad engañosa al anunciar subidas medias del 4 por ciento, cuando en realidad han sido muy superiores", ha señalado la directora general.
La exposición realizada por la Dirección General de Consumo durante la Jornada se quejaba también del "galimatías" de la factura por los diferentes conceptos no explicados que contenía y criticaba especialmente la factura estimada con el argumento de que los consumidores "que son los últimos en enterarse, no son bancos y no tienen por qué prestar dinero a las eléctricas ni a Hacienda". "Las comercializadoras eléctricas son tiendas de luz. Si cualquier compañía presentara este tipo de este tipo de factura se enfrentaría a una importante sanción. Y nadie quiere ser una tienda que tenga muy enfadados a sus clientes", ha apostillado Martínez de Sola.
COMPRENSION DE LA FACTURA
Y es que para la directora general, "las facturas son tan confusas y utilizan terminología tan técnica que se hacen incomprensibles para el consumidor medio, lo que supone una vulneración del derecho del consumidor a recibir una información veraz, clara y suficiente".
En este sentido, ha recordado que existen normas del máximo rango legal, "que también son derecho aplicable", que protegen a los consumidores, en la Unión Europea, en el España y en las comunidades autónomas.
De hecho, la ley madrileña de protección de los consumidores establece que "los productos, bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores deberán incorporar, llevar consigo o permitir una información objetiva, cierta, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales." En concreto, el artículo 50.3 considera una infracción de consumo "el incumplimiento del deber de veracidad informativa".
Martínez de Sola también ha aludido al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que califica como cláusulas abusivas, y por lo tanto prohibidas y sancionables, las estipulaciones contractuales que prevean el cobro de servicios o productos no usados o consumidos de manera efectiva.
En la misma línea, la Ley madrileña 11/98 sanciona como infracción de consumo "la realización de transacciones en las que se imponga injustificadamente al consumidor condiciones, recargos o cobros indebidos, prestaciones accesorias no solicitadas o cantidades mínimas".
Por ello, la directora general de Consumo ha pedido al ministro de Industria, Miguel Sebastián, que adapte a las leyes de protección al consumidor la resolución de la Dirección general de Política Energética y Minas que regula el procedimiento de estimación, "una resolución que vulnera derechos básicos de los consumidores y contravienen las normas de protección de los consumidores que prohíben el cobro por servicios no prestados o no consumidos".
Por otro lado, La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha aprovechado la ocasión para presentar los datos de la encuesta realizada por la Unión Europea sobre el grado de satisfacción de los consumidores con el mercado eléctrico de venta al público de sus respectivos países, en la que el 88 por ciento de los ciudadanos españoles se considera algo insatisfecho o totalmente insatisfecho con el servicio recibido, la peor nota de todos los países de toda la Unión Europea. No en vano, el 64 por ciento de los encuestados da la peor nota posible al sector eléctrico.
Por todo ello, Martínez de Sola ha vuelto a solicitar a la ministra de Sanidad y Consumo, Trinidad Jiménez, que se coordine con el titular de Industria y que juntos modifiquen la legislación teniendo en cuenta las sugerencias que se realizan desde las comunidades autónomas, competentes en materia de Consumo.
LAS SOLUCIONES DE LAS EMPRESAS
En las jornadas también participaron representantes de las principales eléctricas españolas. Así, Pedro Luis Barea, de Endesa, ha explicado que la liberalización ha llevado, entre otros aspectos, a su apuesta por la eficiencia energética y en el ahorro de energía, así como en los descuentos para el consumidor.
No obstante, ha reconocido que la factura estimado ha sido la que "les ha traído de cabeza". Barea explicado se calcula atendido al mismo periodo de tiempo del año anterior y, si no existe, al régimen horario. Pero, ante el aumento de las reclamaciones, ha anunciado que la compañía trabaja con poner en marcha "dentro de un mes y pico" una solución coyuntural, que pasaría por pactar con el cliente la cantidad estimada, que sería regularizada una vez al año. Eso sí, la solución definitiva, sería, a su juicio, la telegestión, con unos nuevos contadores que dieran información telemática, cuya implantación total se estima para 2018.
Por su parte, el gerente del departamento de Reclamaciones especiales de Iberdrola, Ricardo López, también ha presentado una nueva factura con el objetivo de que el cliente la comprenda mejor, con menos datos y más clara. Asimismo, y como medida contra la complejidad de la factura estimada, ha recordado que cuentan con la posibilidad de que se contrata una tarifa con cuantía fija, con la que el cliente pueda pagar una cantidad cada mes, con una regularización de los kilowatios reales consumidos cada semestre.
Por último, el director de la Oficina de Garantías de Unión Fenosa, José Santisteban, ha afirmado que los cambios sucedidos tras la liberalización del sector han sido muy importantes, por lo que ha asegurado que aún están pendientes de un mayor desarrollo.
Reconoce que la liberalización ha supuesto la apuesta por la mejora de la calidad y del coste del servicio aunque han aumentado las reclamaciones, lo que está obligando al cliente a ser más "proactivo". Unión Fenosa recibió 125.000 reclamaciones en 2008 y 600.000 en 2009. Este año esperan que esa cantidad se reduzca un 35 por ciento.
