La Comunidad pedirá a los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas una moratoria en los derribos en la Cañada Real como "un gesto de buena voluntad", tras la apertura hoy de la Mesa Vecinal con la participación de las cuatro asociaciones más representativas de los 11.000 vecinos de la Cañada. Según el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, la moratoria en las demoliciones, que los vecinos llevan pidiendo desde hace años, no incluye, sin embargo, aquellos casos que respondan a razones seguridad ciudadana o infraviviendas.
El objetivo de este receso es alcanzar una posición consensuada entre las dos Administraciones y los vecinos para sentar las bases del futuro acuerdo marco que legalice las edificaciones en esa antigua vía pecuaria, que la Consejería espera alcanzar antes de finales de marzo de 2013, según establece la Ley 2/2011 que convierte la Cañada en bien patrimonial de la Comunidad.
En la reunión de hoy, los representantes de los vecinos de la Cañada han manifestado su interés por abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y otros tributos locales y legalizar las conexiones eléctricas y de agua.
"Queremos pagar lo que nos corresponda", ha dicho la portavoz de la Asociación 1,2,3 Merinas, Vanesa Valenzuela, que ha manifestado su satisfacción por que el diálogo con el Gobierno regional se haya puesto en marcha y ha pedido que se mantengan fluidos de comunicación entre las asociaciones y los Ayuntamientos.
El plan de actuación para la zona la incluye dos mesas sectoriales -una vecinal, que se ha reunido hoy por primera vez, y de Administraciones públicas (Comunidad y Ayuntamientos)- así como una mesa general en la que tendrán voz todos los implicados.
El Ejecutivo regional se ha propuesto actuar como intermediario entre los ayuntamientos y los propietarios de las viviendas, pero "quiere dejar claro que reconoce la legítima competencia de los ayuntamientos en el ámbito urbanístico, así como en la posible futura legalización de las construcciones levantadas en la zona", ha explicado Salvador Victoria. Asimismo, el consejero solicitará a los tres ayuntamientos que le hagan entrega de los censos de habitantes que han realizado en sus respectivos tramos de la Cañada.
Un informe estimativo del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) cifra la población de la Cañada entre 9.000 y 11.000 habitantes, un número muy inferior a los cálculos iniciales de hasta 40.000 personas.
El número total de edificaciones en la Cañada es de 2.870, de las que 229 son naves e industrias y 2.641 corresponden a viviendas, según el IRIS, que atribuye una media de cuatro habitantes por vivienda, lo que arroja una población de 10.564 personas.
En el municipio de Madrid, que con 11,5 kilómetros alberga el 80% de la Cañada, viven 7.104 personas. En el tramo de Rivas, de 1,5 kilómetros, residen 1.536 personas, mientras en el tramo de Coslada, el más urbanizado e integrado en su municipio, hay 1.924 habitantes.
De los seis sectores de la Cañada, que van de norte a sur, el 1, 2 y 3 registran población mayoritaria española en viviendas unifamiliares, con porcentajes importantes de etnia gitana desde el sector 4, donde cruza con la carretera de Rivas del Jarama.
En el sector 5, que va de Rivas a la carretera de Valencia pasando por Vicálvaro, la mayoría española convive con extranjeros, principalmente magrebíes.
En el sector 6 predominan los españoles de etnia gitana, junto a familias de etnia gitana-rumana y extranjeros. Este sector plantea problemas de inseguridad y venta de drogas, además de insalubridad en las zonas más cercanas a la incineradora de Valdemingómez, donde la normativa medioambiental no permite legalizar viviendas.
