El proyecto de Ciudad de la Justicia recibió un total de 65,77 millones de euros en 2010 por parte de la Comunidad de Madrid, pese a no tener actividad como consecuencia de la crisis económica, un dinero que el que trabajaba ese año como apoderado de la sociedad ha vinculado a facturas pendientes.
El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha delegado su comparecencia en la comisión de estudio sobre el endeudamiento para informar del sobrecoste de la Ciudad de la Justicia en el viceconsejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero. En su intervención, el viceconsejero ha aportado sin desglosar las cifras del gasto destinado a este proyecto desde 2005 (cuando se constituyó la sociedad de Campus de la Justicia), hasta 2014, cuando se inició su liquidación, que suman un total de 91,51 millones de euros.
En líneas generales, ha comentado que los gastos están relacionados con las obras de urbanización del espacio elegido, con la construcción del Instituto de Medicina Legal (el único que llegó a materializarse) y con las indemnizaciones por la cancelación anticipada de contratos de obra y redacción de proyectos.
En los seis primeros años los gastos pasaron de 3,63 millones de euros en 2005; 9,72 millones en 2006; 4,80 millones en 2007; 4,32 millones en 2008; 5,25 millones en 2009 y 65,77 millones en 2010, una cantidad que se redujo progresivamente hasta los 987.000 euros en 2014, con dos cifras negativas en 2012 y 2013 de 3,31 millones y un millón de euros, respectivamente.
El que fuera apoderado de la sociedad Campus de la Justicia entre marzo de 2010 y julio de 2011, Gonzalo Quiroga, ha indicado en su comparecencia que el gasto de 2010 está relacionado con el abono de facturas pendientes de pago de ejercicios anteriores, fundamentalmente de 2009.
Según ha explicado, como apoderado de la sociedad no debía tomar decisiones sobre el futuro del proyecto, que buscaba agrupar las sedes judiciales en el barrio de Valdebebas, sino gestionar el "parón" del mismo a causa de la crisis económica "por un tiempo no concretado.
"Se trataba de aguantar el chaparrón de la mejor manera posible", ha señalado.
Entre las actuaciones emprendidas en su etapa, ha destacado la disminución de personal de seis a siete personas a una sola como responsable de la secretaría, así como el traslado de la sede de la sociedad de la calle Miguel Ángel al edificio de Gran Vía que acoge la Dirección General de Justicia, que conserva en la primera planta toda la documentación de la Ciudad de la Justicia.
Además, ha señalado que no hubo ninguna nueva contratación en el tiempo que ejerció de apoderado, en el que se mantuvo el contrato con la empresa encargada de la auditoría. "Los gastos eran mínimos en aquella época (...) la luz, el gas, el teléfono y cuatro cosas más", ha dicho.
Por su parte, el viceconsejero ha indicado que la Ciudad de la Justicia "nunca se planteó como un proyecto a coste cero", aunque ha subrayado que se le dotó de una plantilla "reducida" y se externalizó "gran parte de sus trabajos" para ahorrar costes. "El proyecto inicial de Campus de la Justicia pretendía convertirse en un referente a nivel internacional, no sólo por ser el complejo judicial más moderno de Europa, sino por estar diseñado como un espacio amable, integrado en su entorno", ha apuntado.
Con todo, ha comentado que la decisión de la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre de paralizar este proyecto en 2008 fue "razonable" porque estaba "en dudoso riesgo su viabilidad económica" y no era sensato "obcecarse" en sacarlo adelante.
PETICIONES DE INFORMACIÓN
El portavoz del PP en la comisión, Juan Antonio Gómez Angulo, ha recordado que todas las cuentas de la sociedad de la Ciudad de la Justicia están formuladas, aunque algunas no se remitieron a la Cámara de Cuentas, y ha dicho que en la actualidad sólo quedan dos asuntos pendientes (el pago de indemnizaciones a dos arquitectos y a la empresa Corsan Corviam).
La portavoz del PSOE, Mercedes Gallizo, ha criticado en su intervención que llevan más de un mes esperando a que en el Gobierno regional "se dignen a contestar algunas de las peticiones de información".
El portavoz de Podemos, Eduardo Gutiérrez, ha ido más lejos al acusar al actual Ejecutivo madrileño de "tapar un despilfarro acumulado de gastos" y considerar que "están haciendo obstruccionismo a la labor parlamentaria".
En la misma línea, la portavoz de Ciudadanos, Susana Solís, ha acusado al Gobierno regional de estar "entorpeciendo" el trabajo de la comisión por no facilitar toda la información relacionada con la Ciudad de la Justicia, donde asegura que se gastaron 900.000 euros en un vídeo promocional.
El viceconsejero ha calificado estas acusaciones de obstruccionismo como un "atrevimiento" y ha señalado que un grupo de cerca de diez funcionarios está trabajando para ordenar el archivo de la Ciudad de la Justicia, que ya está "prácticamente cerrado" y cuyos documentos ocupan "casi cien metros lineales".
