La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que no hay ninguna propuesta formal sobre el futuro de los expresidentes, pero ha aseverado no el PP no legislará "en solitario".
En rueda de prensa posterior al Consejo de gobierno , preguntada por la propuesta de Ciudadanos de que los expresidentes autonómicos cobren un sueldo público los dos años siguientes a abandonar el cargo, Cifuentes ha asegurado que "no hay ninguna propuesta formal sobre la mesa", sino una posición "genérica".
Se está hablando con todos los grupos, ha asegurado Cifuentes, quien ha insistido en que lo que quieren desde el Ejecutivo autonómico es "llegar a un acuerdo", si es de todos los grupos, "estupendo" y si no, quiere contar con la mayoría.
"No vamos a hacer tomar una decisión a lago que afecte a la situación de los expresidentes en solitario. Queremos llegar a un acuerdo y estamos en conversaciones con los grupos", ha zanjado Cifuentes.
Por su parte, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Angel Garrido, ha explicado que ya se ha reunido con el portavoz de Ciudadanos, Ignaico Aguado, y con el del Grupo Socialista, Angel Gabilondo, y se está analizando la situación para llegar a un acuerdo en que todos los grupos tengan un "grado elevado de consenso". Eso sí, como su jefa, ha asegurado que "no hay ningún objetivo sobre la mesa, sino conversaciones previas".
LA OPOSICIÓN
El Grupo de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha planteado que los expresidentes de la Comunidad de Madrid reciban una remuneración de entre el 80 y el cien por cien de su sueldo durante dos años, junto a un régimen de incompatibilidad "muy estricto".
El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha explicado que, junto a la supresión del Consejo Consultivo, su grupo es partidario de la elaboración de un estatuto de expresidentes donde se les reconozca la "dignidad institucional".
Para ello, la propuesta de Ciudadanos contempla que los expresidentes de la Comunidad de Madrid tengan un "título honorífico", que el Consejo de Gobierno pueda solicitar su comparecencia "con voz pero sin voto" y que sigan teniendo una retribución durante los dos años siguientes a haber abandonado el cargo, en contraprestación a un régimen de incompatibilidad "muy estricto", para evitar las "puertas giratorias".
Dicha retribución, según ha planteado Aguado, podría ser del 80%, 90% o 100% de su sueldo, "para que siga manteniendo una vida parecida", pero pasados esos dos años el expresidente "pasaría a ser un ciudadano más, sin privilegios, sin coches, sin secretarias, sin despachos" y solo si fuera necesario podría contar con seguridad.
Por otro lado, Aguado ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la supresión del Consejo Consultivo se haga finalmente por el procedimiento ordinario y no por el de lectura única, lo que permitirá que sea debatido en comisión y en pleno, ya que se trata de un organismo con un presupuesto "importante".
El portavoz de Podemos, José Manuel López, ha explicado que su grupo también ha defendido la necesidad de debatir no sobre la supresión del Consejo Consultivo sino sobre qué va a pasar después con los expresidentes, porque tenían la impresión de que "se quitaba el Consejo Consultivo para dejarlo todo como estaba".
Por otra parte, en cuanto al estatuto de expresidentes, ha señalado que "cuando uno se va al paro cobra el 60 por ciento de lo que estaba cobrando", al tiempo que ha apostado por dotar de "normalidad" a la política, en el sentido de que sea "un espacio donde los ciudadanos puedan entrar y salir, porque si no hay rotación se convierte en un proceso de élite".
El portavoz del Grupo Socialista, Angel Gabilondo, ha señalado que el Consejo Consultivo y el estatuto de expresidentes son asuntos distintos, ya que de los contrario se podría entender que el objetivo del organismo era "dar acogida a los expresidentes".
Por ello, ha destacado la necesidad de aclarar cuáles son las competencias del Consejo Consultivo y a dónde se van a transferir, para que "no se pierdan competencias en el camino". En ese sentido, ha afirmado que los socialistas, que habían defendido un debate sobre la conveniencia o no de eliminar el organismo, van a defender esas competencias.
Asimismo, se ha mostrado partidario de que haya un estatuto de expresidentes para que tengan un reconocimiento "consensuado, sin alharacas, con austeridad", y que haya una relación entre la remuneración y las incompatibilidades, para que no haya "puertas giratorias".
Desde el PP, su portavoz parlamentario, Enrique Ossorio, ha señalado que el Gobierno, a través del consejero de Presidencia, Angel Garrido, está hablando con todos los grupos parlamentarios sobre el estatuto de expresidentes, y que ya se ha reunido con todos menos con Podemos.
"No hay nada cerrado, la idea es llegar al máximo consenso con todos los grupos", ha aseverado Ossorio, quien ha agregado que la propuesta de Ciudadanos "suena bien".
POLÉMICA POR LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS EN LA ASAMBLEA
MaLa Asamblea de Madrid destinará finalmente 20.000 euros para fabricar las medallas que se entregan al comienzo de cada legislatura a todos los diputados regionales en lugar de los más de 38.000 previstos inicialmente, pese a la renuncia del grupo parlamentario de Podemos.
El portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, ha dicho que este gasto (aprobado a finales de julio) "se hace porque se ha decidido hacer", y ha lamentado que su grupo parlamentario se haya quedado "solo" en la renuncia a estas medallas."20.000 euros son muchos euros para una medalla que dice que acredita nuestra dignidad, la dignidad se acredita trabajando", ha comentado.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de portavoces, el parlamentario ha señalado que no comprende "este sistema de privilegios" y ha adelantado que van a proponer la eliminación de las medallas en el cambio de reglamento de la Cámara regional en el que trabajan todos los grupos parlamentarios.
El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha dicho que no está a favor las medallas ni de otros aspectos del reglamento, por lo que es partidario de que se cambie o de que se atenúen los efectos "al máximo" de aquello que no le gusta. No me parece que sea una necesidad social que nos den una medalla o que se gaste ese dinero para dárnosla", ha apuntado.
El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha sostenido que "el reconocimiento se otorga en las urnas y no con medallas", pero ha puntualizado que "había que pedirlas en esta legislatura sí o sí" porque "estaba presupuestado".
Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha recordado que la concesión de medallas es "una obligación legal" porque así lo establece la Ley de Estatuto del Diputado, de 1986. "La Asamblea tiene que contratar la fabricación, ha hecho un esfuerzo de reducir el coste de forma significativa", ha declarado.
