La Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto un expediente administrativo sancionador a unas 50 personas como convocantes y promotores de la nueva protesta ciudadana para rodear el Congreso que se celebró ayer con el nombre de 23-O y que era "ilegal" al no haber sido comunicada como establece la ley. Según han informado fuentes de la Delegación, la policía identificó ayer a estas personas como posibles responsables la protesta que transcurrió sin incidentes y ha remitido un informe a la Delegación del Gobierno, que ha sido la encargada de abrir el expediente que puede acabar con sanciones.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha explicado hoy que la apertura del expediente se debe a que la convocatoria era "ilegal" porque no había sido comunicada a la Delegación del Gobierno como marca la ley, según ha dicho Cifuentes en declaraciones al programa "El día menos pensado" de RNE.
La nueva convocatoria de la Coordinadora 25-S para rodear ayer el Congreso de los Diputados, cosa que no lograron, contó con una asistencia de unos 2.000 manifestantes, según la Delegación. "La manifestación era ilegal en tanto en cuanto no se había comunicado como marca preceptivamente la ley y, en consecuencia, se aplicará y llevará a cabo lo que la propia ley establece que es un expediente administrativo sancionador a las personas que las convocaron y a los promotores de las mismas", ha explicado.
Con tal fin, según Cifuentes, ayer se produjeron "algunas identificaciones" para iniciarse el expediente administrativo porque las manifestaciones "se pueden llevar a cabo con toda libertad porque es un derecho constitucionalmente reconocido pero se tiene que notificar a la Delegación del Gobierno"."Y se tienen que comunicar cumpliendo unos requisitos que establece la ley, cosa que ayer no ocurrió", ha añadido.
La delegada del Gobierno en Madrid ha destacado que ayer no hubo "ningún incidente", a excepción de que a medianoche "hubo alguna quema de contenedores, pero fue una cosa muy aislada".
