El Ayuntamiento no solicitó un informe de Bicimad a la Asesoría como pidió el interventor

El Gobierno de Manuela Carmena no pidió un informe facultativo a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid sobre la remunicipalización de Bicimad, pese a que el interventor delegado Ángel Calonge así lo solicitó en una nota interna que no fue contestada y que no era vinculante.

Así lo han revelado hoy tanto el interventor delegado en el área Medio Ambiente y Movilidad como el director de la Asesoría Jurídica municipal, Ángel Luis Ortiz en la comisión de investigación que busca dilucidar si hubo irregularidades en la asunción del servicio de bicicletas Bicimad por parte de la EMT por 10,5 millones de euros.

Ortiz ha explicado que no se le comunicó la nota interna y tampoco que el Consistorio había pedido un informe en octubre el 2016 -un mes después de anunciar la asunción del servicio- al Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, con el que mantiene un convenio de colaboración.

Ambos intervinientes han expuesto además que el Ejecutivo de Ahora Madrid no necesitaba de forma obligada un informe de la Intervención General y tampoco de la Asesoría Jurídica para acordar la cesión del contrato de Bonopark a la EMT.

La fórmula elegida -la cesión del contrato- evita la obligatoriedad de ambos informes, según han detallado ambos técnicos municipales. Además, el interventor delegado ha explicado que pese a que la nota interna no era vinculante y se refería a un expediente que finalmente no fue el que se tramitó, en su opinión debería haber sido respondida.

En este documento, que no implica reparos a la legalidad de la operación, como ha subrayado este técnico, Calonge cuestionaba que la cesión del contrato de Bonopark a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) fuese la fórmula adecuada para que el Consistorio prestase el servicio de forma directa.

Al ser la EMT una empresa cien por cien municipal, Calonge consideraba que lo que se estaba haciendo era una remunicipalización, que formalmente se tramita de una forma diferente, por lo que pedía que el Gobierno expresase esta duda ante la Asesoría Jurídica.

Sin embargo, este órgano, dirigido desde diciembre de 2015 por Ángel Luis Ortiz, no emitió informe alguno sobre la remunicipalización y no fue informado ni de la nota interna firmada por Calonge, algo que ocurre a veces, ni del documento pedido a la Autónoma.

"Si se pide un informe externo tiene que hacerse con el conocimiento de la Asesoría Jurídica; si el informe se pidió, efectivamente yo no tuve noticia", ha asegurado Ortiz sobre el documento pedido a la universidad.

Por su parte, Calonge ha asegurado que sólo ha emitido dos informes de reparo de legalidad en su trayectoria, uno de ellos no tenido en cuenta y referido a las políticas de un concejal actualmente encarcelado, aunque posteriormente ha subrayado que su nota interna sobre Bicimad no es un reparo.

Además, este técnico ha desligado el cambio al frente de la intervención -donde Beatriz Vigo Martín fue cesada y sustituida por María José Monzón en junio de 2016- con la aprobación de la cesión por parte del Gobierno. "El trabajo de la intervención es continuo, lo que cambian son las leyes que aplicamos, que exista una interventora nuevas o una corporación nueva, tampoco nos afecta", ha defendido Calonge.