El Ayuntamiento de Madrid ha pedido hoy la abolición de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), incluido el de Aluche y ha presentado una batería de medidas para que los jueces no internen a los inmigrantes irregulares como la de ofrecer alojamientos mientras se resuelva su expulsión.
Estas son las conclusiones presentadas en el informe "Madrid y los derechos humanos. La responsabilidad de las ciudades frente a los CIE", que también contempla que los inmigrantes accedan a los recursos municipales durante su internamiento y cuando éste finalice para mejorar su reinserción.
El Consistorio censura la opacidad de estos centros, que definen como "espacios no penitenciarios cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación irregular" y creen desproporcionada y "discriminatoria" la privación de libertad "por el simple hecho de cruzar una frontera".
Para evitar el internamiento, el Ayuntamiento, a través del Servicio de Asesoramiento a Jueces e Información al Detenido y su Familia (Sajiad) buscará "personalizar" los derechos humanos informando a los juzgados de instrucción sobre el entorno, las circunstancias y el arraigo de los inmigrantes detenidos.
Además, en el caso de que no exista tal arraigo, el Consistorio dará recursos habitacionales para que las personas puedan permanecer fuera del CIE mientras se resuelve su expulsión.
El Consistorio pretende establecer "herramientas prácticas" dentro de sus competencias para evitar el ingreso, para que sufran "lo menos posible" cuando estén internados -ofrecen Sámur y servicios psicológicos- y para que salgan con herramientas para reincorporarse a sus vidas.
Durante la presentación del informe, del que se dará traslado al Pleno, Manuela Carmena ha puesto hoy el acento en que los CIE están cuestionados por incumplir los derechos humanos y ha pedido el fin del sufrimiento "absurdo" y "burocrático".
TRATARÁ DE PROBAR EL ARRAIGO DE LOS INMIGRANTES IRREGULARES
El Ayuntamiento dará traslado al Ministerio del Interior de este informe, que también quiere llevar a la Comunidad de Madrid y a otras instituciones municipales, dado que el 80 % de los internos en el CIE de Aluche proceden de otras regiones.
Estos centros deberán además cumplir las condiciones adecuadas de habitabilidad, salubridad y seguridad que marquen las respectivas ordenanzas.
Entre los servicios que ofrecerán a los internos destaca la atención psicológica o de salud, para lo que el Consistorio va a pedir que dentro del CIE haya dos o tres trabajadores sociales que hagan seguimiento de los casos y den acceso a contenidos culturales.
Además, en el caso de mujeres víctimas de trata o de violencia de género se pedirá la salida "inmediata" a un recurso alternativo.
Si estos trabajadores tienen conocimiento de violencia de género, racismo, homofobia, malos tratos o abusos lo pondrán en conocimiento de jueces y abogados.
El Consistorio pretende asimismo elaborar una guía de servicios municipales, formar a sus empleados para que detecten problemas de vulnerabilidad o dotar de más recursos al Sajiad.
Asimismo, al salir del CIE los inmigrantes accederán a programas similares a los de los presos excarcelados; "si tenemos esto como no nos vamos a preocupar por las personas que no han cometido ningún ilícito y que se ven sometidas a una perdida de la libertad", ha destacado la regidora.
"Si no se quiere utilizar ellos verán, pero el recurso está y también la exigencia ética del Ayuntamiento de ponerlo al servicio de los internos", ha señalado el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, sobre los servicios ofrecidos a una institución sobre la que el Consistorio no tiene competencias.
Carmena se ha preguntado si el internamiento cumple los objetivos de la Ley de Extranjería y ha considerado que no, además de recordar que esta norma contempla alternativas a los CIE.
Entre estas alternativas el informe señala notificar periódicamente a las autoridades la libertad bajo fianza, permanencia en centros abiertos, depositar garantías financieras, entrega de documentación de viaje o la custodia por parte de ONG y organizaciones religiosas.
Por su parte, el profesor de Filosofía Javier de Lucas ha destacado que estos centros son una "blasfemia jurídica" porque forman parte de una "lógica jurídica" que crea para determinados colectivos un estado de excepción que es en realidad permanente privándoles de libertad por faltas administrativas.
"Para restaurar nuestra dignidad, no la suya, debemos cerrarlos", ha recalcado.
