El Pleno de Madrid ha aprobado este miércoles por unanimidad la relación de facturas de proveedores municipales que se pagarán con cargo a una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el 34,5 por ciento de las cuales corresponden a pequeñas empresas y autónomos que prestan servicios en la capital y que están fechadas hasta el 30 de abril de 2011. Según ha informado el delegado de Hacienda, Juan Bravo, en la sesión, con la financiación del ICO se abonarán 1.395 facturas de pymes y UTEs de pymes por un importe de 98,8 millones de euros (34,5 por ciento del total) y 798 facturas a grandes proveedores por un importe de 187,8 millones de euros (65,5 por ciento del total). "De esta manera, el pendiente de pago a proveedores. Que hoy es de 948 millones de euros, quedará reducido a 661,4 millones", ha precisado Bravo, puntualizando que en total a la capital le tocan 286,5 millones de euros de esta línea ICO.
La asignación por entidades con las que se concertarán los préstamos, "en función de la entidad que ha determinado el propio acreedor", son Bankia (102,3 millones), Banco Santander (97,9 millones), BBVA (41 millones), CaixaBank (31,1 millones) y Banco Popular Español (14,1 millones).
Para disponer de este dinero, la capital realizará cinco operaciones de endeudamiento a largo plazo que se deberán amortizar en un máximo de tres años sin periodo de carencia con un tipo de interés fijo anual del 6,5 por ciento, lo que supondrá unos intereses de 38 millones de euros. "Es decir, que entre intereses y amortizaciones el importe total asciende a 324,6 millones", ha precisado Bravo.
OPERACION DE MERCADO
Precisamente las condiciones con las que se permiten estos préstamos han sido criticadas tanto por Bravo como por los portavoces de UPyD e IU en la materia, Mariano Palacios y Jorge García Castaños, respectivamente. Así, el delegado ha criticado que las condiciones provocarán que "el próximo año haya que consignar ya una amortización de 89,6 millones de euros, más el pago de los correspondientes intereses (18,6 millones), por lo que supondrá un gasto adicional de 108,2 millones de euros con cargo al ejercicio 2012".
Por su parte, Palacios reconoce que la línea ICO ofrece la "posibilidad de aliviar la insoportable demora de pago" y también poner fin a la "reclamación desesperada de los pequeños empresarios". Por estas razones, ha dado la "bienvenida" a esta financiación. Sin embargo, ha avisado de que se trata de "un remedio extraordinario que viene a paliar una enfermedad extraordinaria", el del "problema previo de los 900 millones de euros de deuda a proveedores" que el ICO cubre "apenas" en un tercio.
"Es bien conocida la recurrida alegación del delegado Bravo a las carencias del modelo de financiación municipal, pero lo cierto es que es el mismo para todos los ayuntamientos, y la deuda de Madrid no resiste comparación. Y también hay un problema adicional: que este crédito implica un nuevo lastre financiero para los próximos tres años", ha señalado.
Además, ha coincidido en que "las condiciones del ICO tampoco son ningún regalo, sino que es bastante onerosa, sin carencia y con obligación de pago garantizada con la participación en los tributos", y ha concluido reclamando una vez más "medidas de austeridad para que, en la medida de lo posible, no sean necesarios más ICOs en el futuro y que se reduzca el tiempo de demora en el pago de todos los acreedores municipales, grandes y pequeños".
En cuanto a García Castaño, ha apoyado "no con demasiado entusiasmo" la línea, que "no llega ni a parche". Así, ha criticado que el ICO "no hace un gran esfuerzo" y ha recordado que "la situación económica y los corsés normativos de todo tipo abocan a ayuntamientos a tener grandes deudas por mucho tiempo con sus proveedores". "Y así acabamos celebrando una operación a precios de mercado como ésta como si fuera el gran balón de oxígeno para los ayuntamientos porque permite pagar a proveedores. La solución está más bien en cambios normativos, en otra política de ingresos y en una nueva financiación local, en una reforma radical de la Ley de Haciendas Locales", ha dicho.
Por eso, ha esperado que tras las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, "pase lo que pase, (el Consistorio) mantenga esa posición y que alguien les haga caso". "Llevamos décadas en las que el PSOE y el PP defienden una posición en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y nadie de sus gobiernos ha hecho nada para escuchar esas demandas", ha reprochado finalmente.
RETRASOS RECURRENTES
Finalmente, la portavoz del PSOE en materia de Hacienda, Noelia Martínez, ha reprochado a sus compañeros de Corporación que no reciban la línea ICO con "entusiasmo" pero ha recordado que "las pymes y autónomos que van a recibir el dinero que se les debe mostrarán mayor entusiasmo"."Esta es una línea excepcional porque la deuda y el atraso en el pago a proveedores, que ya era recurrente un año tras otro. No es para subvencionarlo, sino para ayudar a los ayuntamientos", ha precisado Martínez, reconociendo que la medida "tiene limitaciones" pero recordando que "la buena gestión (de las cuentas municipales) tiene que ser del Ayuntamiento de Madrid" y no del ICO.
A este respecto, Bravo ha indicado que la "grave enfermedad" que supone el pendiente en el pago a proveedores "es la única que tiene en estos momentos" el Consistorio de la capital, y ha asegurado que "la ha inoculado el Gobierno de la Nación, una vez que año tras año (y van tres) ha impedido (a los ayuntamientos) refinanciar los vencimientos anuales de deuda"."Si se suman (esas partidas de deuda no refinanciadas entre) 2009 y 2011 son 900 millones de euros, lo mismo que el pendiente de pago a proveedores. El déficit acumulado año tras año autorizado por el Gobierno a los ayuntamientos, que a diferencia de lo que ocurre con las comunidades autónomas no nos deja luego refinanciar, lleva a un agujero y un retraso en el pago a proveedores", ha insistido el delegado.
Así, tras recordar que esta línea ICO ya estaba incluida en la Ley de Morosidad, y que el Gobierno ha retrasado siete meses (aprobándola además "a su manera, reducida en su importe y teniendo que devolverla en tres años sin periodo de carencia"), Bravo ha reprochado que la ayuda "es insuficiente para hacer frente a las necesidades" de los consistorios. "Si todas las administraciones públicas cumpliéramos la Ley de Morosidad garantizaríamos, no ya la creación de empleo, sino salvar el empleo de las empresas que trabajan para las administraciones públicas. Este es un problema, no del Ayuntamiento de Madrid o del resto de ayuntamientos, sino de todas las administraciones públicas", ha recordado.
Así, Bravo ha concluido que "la línea ICO es la demostración de que el Gobierno (de la Nación) hace una cosa y la contraria al tiempo: se opone a la reforma del artículo 46 de la Ley de Haciendas Locales, impidiendo que la deuda vaya a refinanciar vencimientos, y mientras aprueba una línea ICO, que es deuda corriente y moliente que computa como tal haciendo una excepción a la de asunción de deuda de los ayuntamientos. "Una cosa y la contraria simultáneamente; así nos va", ha zanjado.
