El Ayuntamiento de Madrid limita a 90 días el alquiler sin licencia de viviendas a turistas

  • La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado hoy de forma inicial el plan especial sobre viviendas turísticas
  • Se quiere poner freno a "la actividad turística masificada"

La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves de manera inicial el Plan Especial de Regulación del Uso de Hospedaje que regirá en los barrios centrales de la ciudad y que supone equiparar las viviendas de uso turístico (alquiladas de manera profesional durante más de 90 días al año, por debajo se entiende como economía colaborativa, según el decreto de la Comunidad) con hoteles y otros establecimientos, al exigirles licencia de actividad y acceso independiente.

El Plan asume que, tal y como refleja la legislación vigente, una vivienda que se alquile durante más de 90 días al año está desarrollando una actividad comercial y, por tanto, no puede continuar con un uso residencial sino que debe solicitar una licencia de uso terciario, de hospedaje.

Además para la sustitución del uso residencial por uso de hospedaje en edificios completos con el objeto de implantar un hotel u otro establecimiento similar, el nuevo plan prácticamente elimina la posibilidad de implantación directa, siendo necesario contar con un plan especial que estudie el impacto en el entorno y que debe ser aprobado previamente por la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid y posteriormente por el Pleno municipal. "El cambio de residencial a terciario, de hospedaje, va a ser muy difícil y en algunas zonas del Centro prácticamente imposible", ha advertido el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en rueda de prensa.

El principal objetivo del nuevo plan aprobado es "preservar" el uso residencial en el centro urbano frenando la tendencia por el que las viviendas del centro de la ciudad se convierten en alojamientos temporales exclusivamente para turistas, ha explicado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en rueda de prensa.

También se busca que la actividad de hospedaje se extienda a otras zonas de la ciudad redistribuyendo la actividad económica y descargando la concentración del centro histórico.

AMBITOS DE ACTUACION

Este Plan Especial afecta a una superficie de 52.768.610 metros cuadrados que se reparte en tres anillos concéntricos establecidos en función de la saturación de alojamientos turísticos que soportan cada uno de los barrios madrileños.

El primer anillo coincide con los límites del distrito de Centro. El anillo número 2 comprende el distrito de Chamberí completo y parte de los distritos de Chamartín, Salamanca, Retiro, Arganzuela y Moncloa-Aravaca. El anillo 3 se expande a barrios de los anteriores distritos, a los que se suman otros barrios de los distritos de Tetuán, Usera, Carabanchel y Latina. En el resto del municipio se mantiene la regulación actual.

En caso de que el edificio en el que se pretende implantar este tipo de establecimiento ya posea un uso terciario, el Plan General vigente permite la implantación mediante licencia directa en casi cualquier edificio, excepto en los edificios protegidos, que requerirán la aprobación de un plan especial.

HOSPEDAJE EN PARTE DE LA EDIFICACION

En los edificios de uso residencial en los anillos 1 y 2, para los que se solicite una licencia de uso de hospedaje para una parte del mismo, el nuevo plan exige la existencia de un acceso independiente a los alojamientos turísticos (no podrán utilizar puertas de entrada, portales o ascensores comunes al resto de viviendas). Esta exigencia se ve complementada con la condición de que ese acceso no sea directo desde la calle a los alojamientos, sino que previamente debe contar con una recepción o similar. Esta condición está orientada principalmente a aquellos alojamientos situados a pie de calle.

En el anillo 3, en edificios de uso exclusivamente residencial, también se exige un acceso independiente a las partes para las que se solicite una nueva licencia de hospedaje.

Por otro lado, y como fundamental diferencia con los anillos 1 y 2, en aquellos casos donde ya se admiten otras clases del uso terciario, como oficinas o comercios, se mantiene la regulación vigente, que permite el cambio de uso residencial a uso de hospedaje.

22 INSPECTORES MAS ESPECIALIZADOS EN WEBS

Calvo ha explicado que para garantizar el cumplimiento del plan se empleará la disciplina, para lo que se dota a la Agencia de Licencias de un refuerzo de 22 trabajadores, que se encargarán de vigilar que se cumpla la regulación en materia de urbanismo. Además se especializarán en la inspección de las páginas web donde se ofertan estas viviendas para comprobar que se cumple la normativa, como se hace en Barcelona, París, Roma o Amsterdam.

"No estamos en contra del turismo, que es una importante fuente de ingresos", ha declarado José Manuel Calvo, que no ha ocultado la preocupación del Gobierno por la "masificación del turismo" y las consecuencias que tiene para los vecinos.

A partir de su aprobación inicial, el documento se someterá a un periodo de información pública y posteriormente será aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.

Hasta su puesta en vigor, se mantendrá la moratoria aprobada por la Junta de Gobierno el pasado mes de febrero.

Ni el plan especial, ni la moratoria en la concesión de licencias afectan a la oferta de alojamiento durante menos de tres meses en las viviendas que constituyen residencia permanente, pues esta forma de economía colaborativa no está regulada como alojamiento turístico por la normativa autonómica y no constituyen actividad empresarial.

Este documento viene precedido de una Mesa de participación a la que han asistido más de 80 representantes de asociaciones y colectivos preocupados por el auge del uso de viviendas en alojamientos turísticos, además de asociaciones de vecinos, plataformas que dan cabida a estos usos, el sector turístico tradicional, investigadores, grupos políticos municipales y representantes municipales.

Hasta el momento se han cerrado 144 viviendas y alojamientos de uso turístico que operaban ilegalmente, que se suman a los más de 500 expedientes sancionadores, que podrían concluir con el cese de la actividad.