Desde la entrada en vigor de la norma autonómica que impide sacrificar animales en la región, la perrera del Ayuntamiento de Madrid está al límite de su capacidad por la falta de recursos para poder aplicarla.
La Comunidad de Madrid culpa al Consistorio porque asegura que éste no ha solicitado las ayudas que incluye la ley, mientras que desde el Ayuntamiento sostienen que las subvenciones son insuficientes.
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han explicado a Efe que, ante los "nuevos gastos" derivados por el aumento de animales no sacrificados, la Comunidad aumentó la partida de las ayudas en agosto pero el Ayuntamiento de la capital no las ha solicitado.
Desde el Centro de Protección Animal (CPA) del Consistorio argumentan que no lo han hecho porque las cantidades "son muy pequeñas" y no servirían para hacer frente a las necesidades "reales" de ampliar su capacidad y construir nuevos cheniles, donde conviven los canes dependiendo de su raza.
Los argumentos de la Comunidad
Sin embargo, la Comunidad niega que no haya dotado presupuestariamente la ley, que prohíbe practicar la eutanasia a animales abandonados salvo por cuestiones de salud pública. De hecho, subraya que se han aumentado este año un 55% las ayudas a entidades locales y a entidades sin ánimo de lucro.
De los 2,47 millones de euros aprobados en agosto, 1,26 millones están destinados a las subvenciones, lo que supone un aumento de 573.000 euros con respecto a 2017, detallan las mismas fuentes, que agregan que las ayudas representan "el 70% de la inversión y gasto corriente justificado por las entidades beneficiarias".
