Arroyomolinos acuerda un nuevo protocolo para frenar las ocupaciones ilegales

Ana Millán junto a la Policía Local y la Guardia Civil
Ana Millán junto a la Policía Local y la Guardia Civil

El Ayuntamiento de Arroyomolinos, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, la Guardia Civil y la Policía Local han acordado un nuevo protocolo de coordinación para "frenar las ocupaciones ilegales de viviendas" que se están produciendo en el municipio en los últimos meses.

Los mayores problemas están localizados en el número 11 de la calle San Javier, donde varios vecinos llevan semanas denunciando la suciedad, los ruidos y la inseguridad de la zona por culpa de una serie de "bandas organizadas" que promueven la ocupación de las viviendas vacías y que a su vez realquilan las casas.

Conviviendo entre okupas en Arroyomolinos

A raíz de estas denuncias, la alcaldesa del municipio, Ana Millán, solicitó la semana pasada un encuentro con la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que fue la encargada de levantar dichas viviendas, para estudiar la forma de abordar el problema de la ocupación de dichas viviendas.

La reunión se celebró finalmente en la propia comunidad de la calle San Javier número 11, donde la alcaldesa y representantes de la AVS pudieron comprobar de primera mano la situación de algunas viviendas, algunas de las cuales han sido tapiadas para evitar su ocupación.

Durante la visita a las zonas comunes de la propiedad, los agentes de Policía Local y de la Guardia Civil lograron localizar también un taller clandestino con varios vehículos sin la documentación en regla y un vehículo sustraído que ha sido inmovilizado, según destaca el Consistorio en una nota.

Mejor coordinación

Tras el encuentro, al que asistieron la propia alcaldesa y el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Cabello, y representantes de la AVS, la Policía Local y Guardia Civil, se ha establecido un nuevo protocolo para mejorar la coordinación entre las distintas administraciones y evitar de manera preventiva nuevas ocupaciones.

"Las viviendas tienen que ser utilizadas por aquellas familias que, cumpliendo con la legalidad, se encuentren en situación de extrema necesidad", ha insistido Millán, quien ha hecho hincapié en la necesidad de "agilizar los plazos para la adjudicación de estas viviendas, evitando que permanezcan vacías y puedan ser ocupadas".

Desde el ayuntamiento esperan que gracias a este nuevo protocolo sea más fácil impedir que estas bandas organizadas continúen "campando a sus anchas" por los edificios vacíos, aunque admiten que el tema de expulsar a los okupas de las viviendas depende de un proceso judicial más complicado.