El proceso de regularización catastral que ha iniciado el Ayuntamiento de Madrid desde el pasado 1 de abril, en virtud de la Dirección General del Catastro estatal, podría afectar a una "minoría", entre 70.000 y 100.000 inmuebles con "alteraciones relevantes", y con él se busca hacer "justicia social" para que se pague "en función del valor catastral real", con especial incidencia en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
