Afectados por la venta de viviendas a fondos 'buitre' pedirán que declare toda la cúpula de Vivienda de la época de Botella

Los afectados por la venta de viviendas de EMVS a fondo 'buitre' pedirán que Ana Botella y su Gobierno declaren ante juez

La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) pedirá al juez que tome declaración a toda su cúpula directiva en época de la exalcaldesa, Ana Botella, por la operación en la que se vendieron 1.860 viviendas sociales en 2013 al fondo de inversión 'Blackstone' y que gestiona a través de Fidere. Así lo ha destacado el abogado de la asociación, Mariano Benítez de Lugo, en declaraciones a los medios en los Juzgados de Plaza de Castilla, después de que durante la mañana de este miércoles el exconsejero delegado de EMVS Fermín Oslé y el apoderado de Fidere Alfonso Benavides hayan declarado ante el juez como firmantes de la compraventa de las viviendas.

"Tras Oslé y Benavides, voy a pedir que declaren los altos directivos de EMVS en ese momento", ha resaltado Benítez de Lugo, que ha culpado a todos ellos de "la patochada de concurso en la que se vendieron las promociones: sin mesa de contratación ni pliego de condiciones".

El abogado ha asegurado que ni Oslé ni Benavides han querido contestar a sus preguntas ni a las de la abogada de EMVS. Sí que lo habrían hecho a preguntas del juez, no a las de la fiscal.

Para el letrado, que ni Oslé ni Benavides hayan respondido a sus preguntas denota "una sensación de inseguridad". "Cuando uno tiene la conciencia tranquila no tiene por qué tener miedo a las preguntas de un abogado", ha dicho Benítez de Lugo que, sin embargo, se ha congratulado de que hayan tenido que comparecer ante el juez tras más de tres años desde que reclamó su declaración.

Por otra parte, el abogado también ha hecho precisiones sobre el resto de la declaración de Oslé y Benavides. En este sentido, ha afirmado que ambos han alegado que la situación del Ayuntamiento era "catastrófica", extremo que para el abogado "no es cierto". "También han argumentado que el Plan de Viabilidad exigía la venta de las viviendas", señala Benítez de Lugo.

En última instancia, el letrado ha explicado que el juez ha preguntado a los dos investigados sobre si se comunicó a los propietarios la venta. Estos, siempre según el abogado de la asociación, "se habrían escurrido" en su respuesta. "Cuando venden tu casa tienes derecho a saberlo, sobre todo porque puedes tener tanteo de compra", ha concluido.

ASOCIACION: "HACE UN AÑO ME QUERIAN DESAHUCIAR Y HOY ESTAN ANTE EL JUEZ"

La presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de EMVS, Arantxa Mejías, ha detallado que estas primeras declaraciones suponen para los propietarios "una esperanza, una puerta abierta". "Todas estas ventanas judiciales son muy esperanzadoras, somos familias luchando contra los poderosos por nuestras casas. Esta es una de las mejores noticias que nos podría regalar el 2017", ha señalado.

En el plano personal, Mejías también se ha mostrado satisfecha porque hace justo un año llegó a su casa un burofax en el que le instaban a abandonar su vivienda para proceder a un desahucio. "Ahora los responsables de la venta de mi casa están en los juzgados dando explicaciones", se ha congratulado.

"Que no hayan querido declarar es significativo. Si lo hicieron tan bien como defendió en su momento Ana Botella no entendemos cómo no han explicado claramente por que vendieron mi vivienda y otras 1.860 más. A veces el silencio es una manera de respuesta", ha apostillado Mejías.

LA AUDIENCIA PROVINCIAL REABRIO EL CASO

La decisión de llamar a declarar a Oslé y Benavides se produce tras la reapertura del caso por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. Este órgano estimó los recursos de apelación presentados por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Afectados contra un auto dictado por el Juzgado número 38 de Madrid en enero de este año, que sobreseía provisionalmente la causa.

Según el nuevo auto, el recurso incluía el informe de la Cámara de Cuentas del Ayuntamiento de Madrid del pasado mes de junio, que concluyó que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) vendió 1.860 pisos "sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta" y "aplicando exclusivamente las reglas del mercado".

Lo hizo "sin establecimiento previo del valor de mercado del bien a enajenar, que se fijó por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación, y sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores", recoge el escrito.

Para los magistrados, de este informe "no puede predicarse la tacha de sospecha de partidismo" y, "aunque no se trate de un informe que fije de manera definitiva y vinculante nuevos hechos", sí aporta "datos inexistentes" hasta ahora.

En sus antecedentes de hecho, los magistrados aseguran que "aunque fue oportuno el sobreseimiento provisional entonces", ahora resulta "imposible de mantener", por lo que han procedido a reabrir la causa.

sgrimen como razones que el informe de la Cámara de Cuentas otorga indicios de la presencia de delitos de prevaricación (sustitución de la ley por la voluntad del funcionario), malversación (apropiación o destino a terceros que se apropian de caudales públicos) y fraude (concierto entre entidades y funcionarios por un lado y terceros por otro, en perjuicio de entes públicos).

EL AYUNTAMIENTO HA LLEVADO EL CASO AL TRIBUNAL DE CUENTAS

El Ayuntamiento de Madrid reclamó en noviembre ante el Tribunal de Cuentas a la anterior alcaldesa, Ana Botella, y a su Junta de Gobierno el reintegro de 127 millones de euros en concepto del dinero que dejó presuntamente de percibir el Consistorio por la venta de estos inmuebles.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, defendió que el Ayuntamiento, como mínimo, dejó de percibir 55 millones de euros según el valor catastral de las viviendas vendidas a Fidere, al realizarse la transacción "muy por debajo del valor de mercado".

Sin embargo, el Consistorio ha reclamado ante el Tribunal de Cuentas que Ana Botella y su Junta de Gobierno, entre ellos Oslé, que reintegren lo que el Ayuntamiento no percibió en función el valor de mercado de esas viviendas, unos 127 millones de euros.

Esta demanda del actual Gobierno municipal se enmarca dentro del proceso civil que el Tribunal ha abierto con motivo de la venta de vivienda protegida de la EMVS al fondo de inversión Fidere.

La demanda se centra en dos operaciones. Por un lado, la enajenación de 34 viviendas y dos plazas de garaje en 2013 a las sociedades Avellanar Inversiones S.L. y Madrid Town Inversiones S.L., por un precio de 2.072.246 euros.

La segunda, se centra en la venta de 18 promociones completas de vivienda protegida, de sus elementos vinculados y de otros no vinculados (un total de 5.315) en 2013 a las sociedades Fidere Vivienda S.L.U. y Fidere Gestión S.L.U. por un precio global de 128.500.000 euros.