El presidente sirio, Bachar al Asad, promulgó hoy tres leyes por las que se establecen nuevas penas a los condenados por delitos de terrorismo, informó la agencia oficial de noticias Sana. Las nuevas leyes establecen, entre otros puntos, la expulsión de sus trabajos de los funcionarios que hayan sido sentenciados por estar involucrados en actos terroristas. Además, se condena a penas de veinte años de prisión y trabajos forzados, además del pago de una multa, a los mayores de 18 años que cometan secuestros, mientras que la pena es de diez años para los menores. Al Asad emitió también una ley de lucha contra el terrorismo en la que se definen conceptos como acto, organización o financiación terroristas, así como los castigos que conlleva la participación directa o indirecta en esos casos.
Según esta norma, se considera acto terrorista toda aquella actividad que cree un "estado de pánico entre la población, desestabilice la seguridad pública y dañe las infraestructuras básicas del país mediante el uso de armas, municiones, explosivos, materiales inflamables, productos tóxicos y factores bacteriológicos".
Una organización terrorista es un "grupo de tres o más personas que tiene el propósito de cometer cualquier acto terrorista", apunta el comunicado de la agencia, que advierte sobre las consecuencias de proporcionar ayuda "moral o material" a los terroristas.
Además, se contempla la posibilidad de congelar temporalmente los fondos de aquellas personas que estén siendo investigadas o juzgadas por delitos vinculados al terrorismo, así como de confiscarlos si así lo sentencia un tribunal.
El mandatario sirio ha responsabilizado en numerosas ocasiones a grupos armados terroristas de estar detrás de la violencia que sacude Siria y recientemente aseguró que el país se encuentra en un estado de "guerra civil".
Al Asad ha arremetido contra los supuestos enemigos internos y externos que a su juicio quieren destruir Siria mediante el terrorismo y prometido mano dura para acabar con esta situación.
Al menos 15.000 personas han muerto en Siria desde marzo de 2011, según datos de la ONU, sin que los intentos mediadores hayan conseguido poner fin al derramamiento de sangre.
