La oposición egipcia convoca protestas contra la nueva Constitución

  • Coincidirán con el aniversario, el 25 de enero, de la revolución que derrocó a Mubarak
  • El Frente de Salvación Nacional denuncia un presunto fraude en la votación de la carta magna
Protestas en la plaza Tahrir de El Cairo
Protestas en la plaza Tahrir de El Cairo |Lilian Wagdy

El opositor Frente de Salvación Nacional (FSN) egipcio ha convocado manifestaciones para el segundo aniversario de la revolución del 25 de enero del 2011 contra la nueva Constitución, en un comunicado difundido en las últimas horas. En su llamamiento, el FSN, que aglutina a gran parte de la oposición no islamista, explica que el pueblo tiene que rechazar en las protestas la nueva Carta Magna, aprobada tras el referéndum celebrado los pasados días 15 y 22.

Asegura que continuará su lucha pacífica contra el texto constitucional, que, a su juicio, "no representa el consenso del pueblo ni respeta las libertades generales ni los derechos de los pobres". Según la nota, en esta lucha, el FNS utilizará medios democráticos como las protestas, las huelgas y la justicia. El Frente insistió, además, en que continuará las denuncias contra el supuesto fraude y la falsificación de los resultados de la votación sobre la Constitución.

La agrupación criticó, asimismo, el actual diálogo nacional emprendido entre la Presidencia egipcia y la oposición, y señaló que "carece del mínimo grado de seriedad". Asimismo, rechazó la nueva composición del Consejo de la Shura (Cámara alta del Parlamento), de cuyos miembros noventa fueron nombrados por el presidente egipcio, Mohamed Mursi, el viernes pasado y que ayer abrió sus sesiones tras asumir todo el poder legislativo.

Tras el anuncio de los resultados oficiales del referéndum, Mursi urgió anoche en un discurso televisado al diálogo de las distintas fuerzas políticas para acabar con la división en el país y anunció una próxima remodelación del Gobierno. También defendió la transparencia del plebiscito constitucional y aseguró que la votación contó con una supervisión judicial completa, pese a las denuncias de la oposición y algunas ONG de que hubo fraude.