Portugal anuncia más austeridad con el rechazo total de la oposición

Con recortes de pensiones, reducción de 30.000 funcionarios y ampliación de la jornada laboral y la edad de jubilación

La oposición lusa se niega a consensuar las nuevas medidas de austeridad

internacional

| 04.05.2013 - 13:33 h
REDACCIÓN

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El Gobierno portugués anunció hoy nuevas medidas de austeridad, con recortes de pensiones, reducción de 30.000 funcionarios y ampliación de la jornada laboral y la edad de jubilación, que fueron rechazadas de inmediato por la oposición.

El primer ministro conservador luso, Pedro Passos Coelho, explicó las medidas en una alocución al país y subrayó que "están abiertas al diálogo" con la oposición, los empresarios y los sindicatos.

Pero advirtió que si Portugal no consigue bajar el gasto estatal volvería a verse "al borde la quiebra" y en peligro de abandonar la zona euro o pedir un segundo rescate financiero, tras el que solicitó en abril de 2011.

El Partido Socialista (PS), el principal de la oposición en Portugal y favorito ahora en las intenciones de voto, rechazó de inmediato los recortes e insistió en reclamar una renegociación de los compromisos financieros del país y medidas para generar crecimiento y empleo.

El secretario general del PS, Antonio José Seguro, calificó de "pésimas" las medidas anunciadas por Passos Coelho, y las consideró parte de la "tragedia de la austeridad".

El primer ministro, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento y puede aplicar sin problemas su política económica, cifró en 4.800 millones de euros los ahorros que espera conseguir hasta 2015 con las nuevas "propuestas" para hacer el Estado sostenible y cumplir los compromisos del rescate.

Aunque en sus dos años en el poder, Portugal ya redujo el gasto estatal en cerca de 13.000 millones de euros, todavía hay un déficit muy elevado (del 6,6 %) y un problema de endeudamiento público (más del 120 % del PIB), recordó el primer ministro.

Passos Coelho consideró el ahorro público "crucial" para superar la crisis, generar crecimiento y empleo, y regresar a los mercados financieros cuando acabe, a finales de año, el programa de asistencia de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por eso, explicó, hay que "tornar el Estado más eficaz y sostenible" con reducciones de gastos en los ministerios, el personal administrativo y el coste de la Seguridad Social.

Sus nuevas medidas prevén aplicar una carga contributiva especial a los pensionistas y ampliar el horario laboral de los funcionarios de 35 a 40 horas semanales, el mismo que en la empresa privada.

RETRASAR LA EDAD DE JUBILACIÓN

Además, la edad general de jubilación con todos los derechos retributivos se retrasará a los 66 años, aunque se mantiene legalmente en 65 años con una penalización en las prestaciones.

En las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad no se permitirá el retiro antes de los 58 años.

En la Administración se reducirán estructuras y gastos corrientes, se crearán nuevos sistemas de cualificación, contratación y suplementos salariales, y se prescindirá de 30.000 del cerca de medio millón de empleados públicos que tiene Portugal, cuya población es de 10,5 millones de habitantes.

El líder de los socialistas pronosticó, en una entrevista al canal luso de televisión TVI, que con esas medidas "va a haber más recesión y más desempleo".

Seguro negó además que Portugal vaya "por el buen camino", como afirma el Ejecutivo, y consideró que "va en una dirección equivocada; es necesario parar la austeridad".

El líder de los socialistas, que perdieron el poder en las elecciones anticipadas de hace dos años, tras el rescate financiero de Portugal, insistió en que "este Gobierno tiene que ser sustituido".

Pero según Pasos Coelho, el saneamiento financiero del Estado es "inevitable" y él ha optado por reducir el gasto público porque recurrir a subir más los impuestos perjudicaría la recuperación económica del país.

La alocución de Passos Coelho desveló otra tanda de las medidas de austeridad ya anunciadas de forma parcial varias veces el pasado mes de abril.

Los recortes se refieren tanto a una reforma estructural del Estado como a las medidas necesarias para compensar las que anuló hace cuatro semanas un fallo del Tribunal Constitucional, que abrió un agujero de 1.300 millones de euros en el presupuesto estatal luso.

La sentencia llevó al primer ministro a anunciar nuevos ahorros, sobre todo en partidas de gasto social, que generaron protestas en la calle y peticiones de dimisión desde la oposición y los sindicatos.

LA OPOSICIÓN LUSA SE NIEGA A CONSENSUAR LAS NUEVAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD

El Gobierno conservador de Portugal obtuvo hoy un cerrado rechazo de la oposición y los sindicatos al plan de austeridad anunciado el viernes al país, que nadie está dispuesto a consensuar, como pidió el primer ministro, Pedro Passos Coelho.

Las grandes centrales y los partidos de izquierda, entre ellos el socialista (PS) que encabeza las encuestas sobre intención de voto, acusaron al Ejecutivo de insistir en una "receta" que ha sumido al país en una espiral de recesión y desempleo y hará imposible el pago de su deuda, que supone ya un 125 % del PIB.

Pero Passos Coelho defendió hoy que sus medidas de austeridad, para ahorrar 4.800 millones de euros en tres años con reducción de pensiones y de 30.000 funcionarios, jornada laboral más larga en la Administración y un año más en la edad de jubilación, hasta los 66, son necesarias para que Portugal pueda permanecer en la zona euro.

El líder conservador recordó al PS la "responsabilidad" que tienen los partidos que pueden gobernar Portugal de cumplir los compromisos del país, sujeto al rescate financiero de 78.000 millones de euros que pidió hace dos años, poco antes de que los socialistas perdieran el poder en elecciones anticipadas.

"O estamos y cumplimos o no estamos", subrayó Passos Coelho en referencia a la permanencia de Portugal en la moneda común europea, y al advertir de que el coste social y económico de abandonarla "sería inmenso".

Pero el PS, al igual que los sindicatos y las fuerzas marxistas del Parlamento, se apresuró a rechazar las medidas y la invitación al diálogo con el argumento de que son "más de lo mismo", recaen sobre trabajadores y pensionistas y no combaten la recesión y el desempleo, que se ha duplicado en tres años, hasta el 18 %.

El mayor sindicato luso, la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP, comunista), con unos 700.000 afiliados, calificó las nuevas medidas de "brutales" y anunció protestas y movilizaciones este mismo mes.

También la más moderada Unión General de Trabajadores (UGT, socialista) con cerca de medio millón de seguidores, expresó su rechazo a negociar el nuevo e "inaceptable" paquete de austeridad.

El marxista Bloque de Izquierda (BI) exigió, como los socialistas, la dimisión del Gobierno, y sostuvo que Portugal no podrá pagar una deuda tan alta con medidas de austeridad que dificultan el crecimiento, la productividad y el consumo.

En los próximos ocho años hay que pagar 125.000 millones de euros, "¿de dónde va a salir ese dinero?" se preguntó Joao Semedo, coordinador del BI.

Además, consideró las nuevas medidas una burla a la sentencia del Tribunal Constitucional, que el 5 de abril anuló otros recortes similares por valor de 1.300 millones de euros.

El Sindicato de los Cuadros Técnicos del Estado (STE), cuyos afiliados están entre los más afectados por las medidas, se quejó de que el Gobierno les "castiga de nuevo" sin tocar los beneficios de concesiones y proyectos públicos con grandes empresas privadas.

Según el STE, los funcionarios, más de 600.000 en un país de 10,5 millones de habitantes, sufrirán en total recortes por 5.600 millones de euros, cerca de la mitad de todos los ahorros del sector público, desde que Passos Coelho llego al poder, hace dos años, y hasta que concluya su plan de austeridad, en 2017.

La función pública verá aumentar de 35 a 40 horas semanales el horario de trabajo, perderá complementos salariales y pasará por nuevos sistemas de selección y cualificación profesional para ahorrar costes.

También los militares lanzaron duras críticas al Ejecutivo por el aumento de su edad de jubilación a 58 años, y un portavoz de la principal asociación de oficiales lamentó que se vaya hacia unas Fuerzas Armadas llenas de ancianos.

Otra organización laboral, la Federación de los Sindicatos de Transportes (FECTRANS) pidió audiencia urgente al primer ministro para que aclare cómo van a trabajar los conductores profesionales hasta los 66 años, tras la decisión de ampliar un año la edad de jubilación, si sus permisos de conducción se extinguen a los 65.