El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se presenta este domingo a su controvertida reelección, en unos comicios acompañados de críticas a los retrasos en la entrega de miles de documentos para votar y a las irregularidades en la acreditación de los fiscales que vigilarán las votaciones.
Los comicios se han visto empañados además por el veto a tres organismos nacionales de supervisión electoral y los impedimentos que se han puesto a candidatos del Partido Liberal Independiente (PLI).
El jefe adjunto de la misión de observación de la Unión Europea (UE) en Nicaragua, José Antonio de Gabriel, criticó hoy al CSE por entregar de forma "tardía" 5.000 credenciales a los fiscales del PLI, cuyo candidato presidencial, el empresario de radio Fabio Gadea, aparece como segundo en los sondeos.
De Gabriel dijo a Efe que los fiscales de la variopinta alianza PLI, que incluye a disidentes sandinistas, enfrentaron un proceso "extremadamente complicado, burocrático, lento y engorroso" para recibir sus acreditaciones.
"Ha sido muy tardía la entrega de las credenciales y la verificación" de las juntas receptoras de votos antes de su apertura "será imposible" para esos fiscales, sostuvo.
Mañana se elegirá al nuevo presidente del país, al vicepresidente, a 90 diputados de la Asamblea Nacional y a 20 diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
En total son unos 3,4 millones los ciudadanos habilitados para votar pero varios miles no han recibido los documentos de identidad necesarios para sufragar, lo que ha generado protestas, sobre todo en el norte del país.
El favorito para ganar, según las encuestas, es el sandinista Ortega, cuya candidatura es calificada por distintos sectores como "ilegítima, ilegal e inconstitucional", por sus maniobras legales para saltarse la prohibición constitucional que le impedía aspirar a la reelección.
La oposición a Ortega, que aparece el primero en todos los sondeos de intención de voto, se presenta dividida a estos comicios, pero cuestiona unánimemente la candidatura del mandatario.
La Constitución de Nicaragua prohíbe la reelección inmediata, pero magistrados oficialistas de la Corte Suprema de Justicia declararon inaplicable ese artículo, lo que abrió las puertas a la candidatura de Ortega.
Tanto de Gabriel, de la UE, como el jefe de la misión de la OEA, el excanciller argentino Dante Caputo, se reunieron hoy con técnicos del CSE, a quienes demandaron entregar más de 5.000 credenciales a los fiscales opositores, después de que éstos denunciaran "trabas".
Tras el encuentro con las autoridades, de Gabriel y Caputo presenciaron durante unos minutos una protesta que fiscales de la alianza PLI realizaron frente a la sede central del CSE, en el nuevo centro de Managua, para reclamar sus credenciales.
También el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), por el que concurre a la presidencia el exmandatario Arnoldo Alemán -tercero en la intención de votos- denunció en un comunicado que el CSE "niega" las acreditaciones a sus fiscales, sin
precisar número.
El presidente del tribunal electoral, Roberto Rivas, en cambio, acusó a la alianza PLI de pretender "boicotear" los comicios.
El PLI "está obstaculizando" el traslado del material electoral en el interior del país, lo que podría retrasar el inicio de la votación en varias localidades, denunció el funcionario en rueda de prensa.
"Si la alianza PLI ha tomado esta actitud de querer boicotear el proceso, de querer colapsar a la institución que lleva adelante el proceso electoral, les llamo a que no vayan a seguir con esta actitud", agregó.
Según Rivas, el Ejército y la Policía Nacional han reforzado la seguridad en los municipios donde han ocurrido actos de violencia en las últimas horas.
"Hago un llamado a mantener la calma en los municipios, a evitar brotes de desorden. Los únicos afectados por estos brotes promovidos por la alianza PLI en estos municipios serán los ciudadanos nicaragüenses que no puedan ejercer el derecho al sufragio", apuntó.
En los comicios también competirán como candidatos presidenciales el exdirigente de la "contra" y actual diputado Enrique Quiñónez por Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el académico Róger Guevara, por la Alianza por la República (Apre).
El proceso es vigilado por unos 200 observadores extranjeros de la OEA, la UE y un grupo de expertos latinoamericanos en observación electoral, además de unos 20.000 observadores nacionales.
