Maduro acusa al Gobierno español de "apoyar al terrorismo" en Venezuela

España llama a consultas a su embajador en Caracas en protesta por los ataques de Maduro

La Asamblea Nacional venezolana declara persona non grata a Felipe González

internacional

| 22.04.2015 - 08:27 h
REDACCIÓN

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al Gobierno español de "apoyar al terrorismo" en el país, así como de formar parte de una "conjura internacional" para derrocarlo, y anunció que prepara una respuesta "muy contundente".

Desde España se financia y se apoya logística, política y diplomáticamente, se utiliza todo el poder del Gobierno español para apoyar la conspiración y tratar de derrocar el Gobierno (...) de Venezuela", dijo el gobernante en su programa semanal "En contacto con Maduro" desde el oriental estado Anzoátegui. Agregó que desde España "se apoya al terrorismo en Venezuela", así como "a los terroristas" en el país caribeño.

Las relaciones entre España y Venezuela, tensas desde hace semanas, vivieron su último capítulo el 14 de abril cuando el Congreso de los Diputados español aprobó una resolución a favor de la liberación "inmediata" del opositor venezolano Leopoldo López, del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y de otros políticos.

Al día siguiente, la Cancillería de Venezuela difundió un comunicado en el que acusó al Gobierno español de estar "a favor de quienes atentan contra la democracia" venezolana y que estas acciones impedían un "mínimo de entendimiento". Leopoldo López y Antonio Ledezma, considerados por la oposición como "presos políticos", están encarcelados, el primero por delitos vinculados a las protestas antigubernamentales de febrero de 2014 y el segundo por conspiración y asociación para delinquir.

Maduro dijo que el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, está "detrás de una conjura internacional para derrocar el Gobierno" que encabeza, y descargó de responsabilidades al "pueblo español". "Está detrás de las intentonas de golpe de Estado contra el Gobierno legítimo que presido, (...) no tiene culpa España, noble pueblo español, que quiere y admira Venezuela y nosotros queremos y simpatizamos al pueblo español", sostuvo.

Aseguró que frente a esta "agresión" tiene lista "una respuesta muy contundente" y que ha hablado al respecto con "algunos dirigentes" de América Latina y Europa que no precisó. "Ante la agresión de Rajoy yo he preparado una respuesta muy contundente, pero quiero tomarla en el momento preciso, porque es una respuesta de justicia", sostuvo.

El gobernante venezolano pidió al Ejecutivo español que rectifique. "Le digo a usted señor Rajoy, rectifique a tiempo, es el mensaje que envío a España, que el Gobierno de España rectifique a tiempo, si no la respuesta de nuestro Gobierno venezolano (...) será de un millón de (Simón) Bolívar", advirtió.

ESPAÑA LLAMA A CONSULTAS A SU EMBAJADOR EN CARACAS

El Gobierno español ha decidido llamar a consultas a su embajador en Caracas, Antonio Pérez-Hernández, en señal de protesta por la escalada de "declaraciones intolerables" contra España por parte de las autoridades venezolanas y de su presidente, Nicolás Maduro, en particular, ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo.

El último episodio de una serie de actos hostiles contra España se produjo este martes, con una declaración de la Asamblea Nacional venezolana declarando persona non grata al expresidente del Gobierno Felipe González, que recientemente ha decidido implicarse en la defensa de los líderes opositores encarcelados Leopoldo López y Antonio Ledezma. Poco después, Maduro volvía a cargar contra Rajoy, al que ha acusado de estar detrás de unas supuestas "intentonas golpistas" contra su Gobierno.

La llamada a consultas es una herramienta enérgica de protesta diplomática. Equivale a una retirada temporal del embajador durante un periodo de tiempo indeterminado y hasta que se considere que se ha logrado reconducir la situación o el incidente que provocó la protesta.

En la escala de medidas de protesta diplomática, la llamada a consultas está un nivel por debajo de la retirada definitiva del embajador y la ruptura de relaciones diplomáticas.

LOS ATAQUES SON FRUTO DE PROBLEMAS INTERNOS

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, García-Margallo ha vinculado la animadversión del régimen de Maduro hacia España con el aumento de las "dificultades económicas, sociales y políticas por las que atraviesa el pueblo de Venezuela", al que ha querido diferenciar de sus autoridades.

Esta escalada de declaraciones hostiles contra España se ha dirigido primero contra el Gobierno de Mariano Rajoy, pero también ha afectado al Congreso de los Diputados -que reprobó recientemente las detenciones de opositores venezolanos- y a Felipe González, ha recordado el ministro.

El jefe de la diplomacia española ha querido subrayar que esta protesta enérgica contra Venezuela llega después de que el lunes pasado "los 28 países de la Unión Europea sin excepción" manifestaran la "extraordinaria preocupación que les produce la situación de Venezuela". "Cosa que no es extraña --ha apuntado-- porque en Venezuela hay 500.000 ciudadanos de origen europeo y el 45% de las inversiones extranjeras allí son europeas".

Frente a los calificativos "absolutamente intolerables" que emplean las autoridades venezolanas, "nunca el pueblo de Venezuela", España "siempre se ha movido en el marco de la legalidad internacional y nacional, en el marco de la cortesía y en el marco de la institucionalidad".

Pero tras la decisión de la Asamblea venezolana de declarar persona non grata a Felipe González, unido al "grado de irritación verbal" que el Gobierno español percibe en el presidente Maduro, se ha decidido recurrir a la medida excepcional de la llamada a consultas del embajador.

LA ASAMBLEA NACIONAL VENEZOLANA DECLARA PERSONA NON GRATA A FELIPE GONZÁLEZ

Poco antes de las declaraciones de Maduro, la Asamblea Nacional (AN, Unicameral) de Venezuela declaró, con los votos de la mayoría chavista, persona non grata "para el pueblo venezolano" al expresidente del Gobierno español, Felipe González.

"Declarar al ciudadano Felipe González como persona non grata para el pueblo venezolano", fue la propuesta aprobada y llevada al hemiciclo por el representante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Yul Jabour.

Esta decisión del Parlamento se produce un día después de que se confirmase que el expresidente del Gobierno español tiene previsto llegar pronto a Venezuela para actuar como asesor técnico "ad honorem" de la defensa del dirigente opositor Leopoldo López, informó el lunes el abogado de este, Juan Carlos Gutiérrez.

López está preso desde febrero de 2014 por delitos vinculados a los hechos violentos registrados entonces en Caracas y que fueron la antesala de las protestas en contra del Gobierno que se extendieron durante cuatro meses y que dejaron 43 muertos, centenares de heridos y detenidos.

Ante la decisión de González de integrar la defensa de López, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró el pasado 25 de marzo que el expresidente de Gobierno de España "no tiene facultades" para ejercer la abogacía en el país caribeño así como tampoco "tiene facultades para entrometerse en los asuntos internos de Venezuela".

El mismo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que González carece siquiera de "moral para decir la palabra Venezuela".

En su alocución de hoy en la AN, Jabour calificó la decisión de nombrar persona non grata a González como un "problema de soberanía". "Le decimos desde aquí a este señor que estuvo comprometido y está comprometido con la derecha internacional (...) que actuó como agresor en la política internacional que (...) (esta decisión) es un problema de soberanía", sostuvo.

La propuesta se aprobó en una sesión en la que también se dio luz verde a un acuerdo de rechazo a las resoluciones del Parlamento español y de los senados colombiano y chileno que pidieron la liberación tanto de López como del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, preso y acusado de conspiración.

Estas resoluciones fueron calificadas por el diputado oficialista Darío Vivas, quien leyó el acuerdo parlamentario, como una "agresión" y sus contenidos como "injerencistas".