La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, aseguró este viernes que la decisión de la Corte Suprema del país de asumir el papel del Congreso supone una violación de la Constitución y "constituye una ruptura del orden constitucional". "Mi obligación es la de expresar mi gran preocupación por el país ", dijo
Ortega, según informa la agencia Reuters.
"En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...) lo que constituye una ruptura del orden constitucional", dijo la fiscal durante la presentación de su informe anual en la sede del Ministerio Público (MP).
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, denunció hoy a los siete magistrados que conforman la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como primer paso para su destitución por haber "secuestrado los derechos del pueblo". Un grupo de diputados opositores entregó la denuncia en la sede principal del Ministerio Público (MP) en el oeste de Caracas y al salir de la institución fue agredido por supuestos militantes del chavismo con piedras y bombas lacrimógenas.
El diputado Juan Miguel Matheus, en representación del Legislativo, acudió junto a otros legisladores a la sede del Ministerio Público (MP) para consignar dos documentos, uno de ellos para denunciar a estos funcionarios por presunta prevaricación o haber dictado a sabiendas una resolución "injusta". Matheus, que milita en el partido del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, Primero Justicia (PJ), aseguró que las acciones de los "siete verdugos" de la Sala Constitucional "engendran responsabilidad penal"."Hay un golpe de Estado en este país que se está consumando", sostuvo el opositor que tildó al presidente, Nicolás Maduro, de "dictador" de "naturaleza fascista".
La Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela reclamó este viernes a la comunidad internacional que retire a sus embajadores y aplique sanciones contra el país caribeño como una forma de deslegitimar al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Así se pronunció su portavoz, Luis Eduardo Manresa, en declaraciones a Servimedia, después de que el Tribunal Supremo de Venezuela -controlado por Maduro- haya decidido asumir las competencias de la Asamblea Nacional -en manos de la oposición- al considerar que la Cámara legislativa actúa "en desacato".
Mientras el opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado desde hace más de tres años, consideró que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de su país de asumir las funciones del Parlamento, por persistir en el desacato, es la formalización de una dictadura. "Hoy, a través de una sentencia ilegal e ilegítima, el Tribunal Supremo de Justicia decretó formalmente la dictadura que desde 2014 hemos denunciado en Venezuela", señaló en su cuenta en la red social Twitter el fundador del partido Voluntad Popular (VP), que cumple una condena de casi 14 años en una prisión militar. La reacción del dirigente opositor fue difundida por su esposa, Lilian Tintori, que aunque se encuentra en Argentina aseguró haber recibido el mensaje de López desde la prisión. López afirma que se viven "momentos definitorios para Venezuela y toda América" en los que "debemos elegir si estamos a favor de la democracia o de la dictadura".
La Cancillería venezolana dijo hoy que "es falso" que se haya consumado un golpe de Estado en el país por parte del Gobierno a través del Supremo, y manifestó su "repudio" ante lo que calificó como una "arremetida" por parte de los gobiernos "de la derecha intolerante". "Es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela; por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones emanadas del máximo Tribunal de la República", dijo la Cancillería en un comunicado.
LA ONU PIDE UNA RECTIFICACIÓN AL SUPREMO VENEZOLANO PARA EVITAR EL "ESTADO DE CONMOCIÓN"
La ONU expresó hoy su "grave preocupación" por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional y le pidió que lo reconsidere, en vista de que "la separación de poderes es esencial para que la democracia funcione". "Mantener los espacios democráticos abiertos es esencial para garantizar que los derechos humanos están protegidos", dijo el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, en una declaración por escrito.
Zeid señaló que los ciudadanos venezolanos tienen el derecho de participar en los asuntos públicos a través de representantes libremente escogidos, conforme lo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Venezuela ha ratificado. Por su parte, los parlamentarios electos deben poder ejercer los poderes que les ha conferido la Constitución venezolana, agregó.
"Las continúas restricciones a las libertades de movimiento, de asociación, de expresión y de protesta pacífica no sólo son muy preocupantes, sino contraproducentes en un país extremadamente polarizado y que sufre de una crisis económica y social".
Sobre la crítica situación que vive Venezuela, Zeid pidió que se consideren los derechos humanos como el punto de partida para atender el desabastecimiento de alimentos y medicinas, así como la espiral de precios.
La ONU recordó que, junto con asumir las funciones legislativas, el Tribunal Supremo también instruyó al presidente, Nicolás Maduro, a tomar todas las medidas de corte civil, económico, penal, militar, administrativo, político, social y jurisdiccional que estime conveniente para evitar un "estado de conmoción".
MERCOSUR CONVOCA UNA REUNIÓN URGENTE SOBRE VENEZUELA
El Mercosur convocó para este sábado a los cancilleres de los países miembros para mantener una reunión "urgente" sobre la "grave situación institucional" de Venezuela, además de reiterar el apoyo del bloque a los principios del Estado de Derecho, informaron hoy fuentes oficiales. "Ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela, los Estados Partes signatarios del Tratado de Asunción han resuelto convocar una urgente reunión de cancilleres el día sábado 1º de abril para analizar posibles vías de solución", transmitió hoy la Cancillería de Argentina, que tiene la presidencia temporal del bloque, en un comunicado.
"Los países fundadores del Mercosur reiteran su inalterable apoyo a los principios fundamentales del Estado de Derecho y a la preservación de la democracia en la región latinoamericana", agregó el bloque integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil en el texto, sin dar más precisiones.
Venezuela era miembro de pleno derecho del Mercosur hasta diciembre pasado, cuando fue cesada en sus derechos.
Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Canadá y Estados Unidos figuran entre los países del continente que han manifestado su preocupación por la decisión del Supremo venezolano.
Bolivia, por el contrario, ha anunciado su "apoyo incondicional" al Gobierno de Nicolás Maduro.
Por otra parte, el opositor venezolano Henrique Capriles se reunirá hoy con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la sede del organismo en Washington para pedir que los Estados miembros apliquen la Carta Democrática a Venezuela.
Desde ayer un amplio grupo de países de la OEA negocia la convocatoria de un Consejo Permanente urgente, pero todavía no se han puesto de acuerdo al respecto.
Almagro dio hoy el paso formal de pedir un Consejo urgente tras calificar ayer de "autogolpe de Estado" la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de sustituir en sus funciones al Parlamento.
EL GOBIERNO ESPAÑOL PIDE A MADURO RESTABLECER LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS
El Gobierno español ha pedido este viernes al régimen de Nicolás Maduro que restablezca las condiciones que permitan una "colaboración democrática" y un "diálogo imprescindible y efectivo" entre los poderes del Estado. Así lo ha expresado el portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Nosotros queremos para Venezuela lo que queremos para España y queremos para los venezolanos las libertades y derechos de las que disfrutan los españoles", ha añadido. En alusión a la decisión del Tribunal Supremo venezolano, controlado por el régimen de Maduro, de asumir las competencias de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, Méndez de Vigo ha advertido de que "si se rompe la división de poderes, se rompe la democracia". "Nos preocupa y hacemos un llamamiento para que esa situación acabe", ha añadido.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación alerta de que las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que "limitan la inmunidad parlamentaria y cercenan las competencias de la Asamblea Nacional" no contribuyen a la normalización institucional y a la "necesaria cooperación" entre los poderes del Estado para hacer frente a la grave crisis política, económica y social que vive "ese hermano país".
"El Gobierno español siempre ha defendido, y lo seguirá haciendo, la necesidad de un diálogo urgente, inclusivo y efectivo como mejor manera de solucionar los problemas de Venezuela. Pero, de igual modo, entiende que ese diálogo debe dar resultados, ser efectivo y tener lugar en un contexto de escrupuloso respeto al Estado de derecho, a la división de poderes, a los principios democráticos y a los derechos humanos", precisa.
En opinión del Ejecutivo español, para que ese diálogo sea "efectivo", resulta imprescindible que se den ciertas condiciones como "el restablecimiento pleno de las competencias del poder legislativo y la fijación de un calendario electoral que permita la celebración de las elecciones previstas por el ordenamiento jurídico y constitucional de Venezuela en igualdad de condiciones".
Asismismo los principales partidos, excepto Podemos, han expresado hoy su condena unánime ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y han exigido al presidente del país, Nicolás Maduro, rectificar esta decisión. PP, PSOE y Ciudadanos han coincidido en tachar de "golpe de estado" y de "ataque a la democracia" lo ocurrido en el país caribeño, mientras que Podemos ha pedido preocuparse por las vulneraciones de derechos que hay en España.
