Los funcionarios griegos desafían al Gobierno en la quinta huelga general

Manifestantes griegos
Manifestantes griegos |Telemadrid

Miles de funcionarios griegos desafiaron hoy la lluvia para protestar contra los despidos y los recortes sociales del Gobierno, presidido por el conservador Andonis Samarás, en la quinta huelga general del año, con más seguimiento en el sector público que en el privado. Unas 11.500 personas según la Policía -algunos miles más, de acuerdo a los medios griegos- se manifestaron por el centro de Atenas al grito de "Ningún funcionario sobra, el que sobra es Samarás" y "Basta de sacrificios humanos".

La participación en la manifestación principal de Atenas podría haber sido mayor, pero la dirección de las dos principales centrales sindicales -GSEE, sector privado, y ADEDY, sector público- decidió suspender sus marchas debido a la lluvia.

Aunque los sindicatos no han querido dar por el momento cifras de seguimiento de la huelga, la incidencia a primera vista fue mayor en el sector público.

Durante toda la jornada, los hospitales solo ofrecieron servicios mínimos, mientras que permanecieron cerrados colegios y universidades, juzgados y la mayoría de oficinas municipales y de la Administración.

En el transporte público prácticamente sólo pararon los trenes mientras que el transporte urbano, en la franja diurna, funcionó con cierta normalidad.

Los controladores aéreos llevaron a cabo una huelga de tres horas, entre las 12.00 y las 15.00 hora local (10.00 y 13.00 GMT), que el personal aeroportuario prolongó hasta las 16.00 hora local (14.00 GMT), lo que ha llevado a algunas cancelaciones y numerosas modificaciones de horarios.

El aeropuerto de Atenas modificó los horarios de una veintena de vuelos internacionales y de más cuarenta vuelos nacionales y canceló una decena, todos ellos internos.

La mayor incidencia de la huelga en el sector privado se vio en el sector naval, fuertemente sindicado, lo que provocó que los barcos amanecieran amarrados a los puertos.

Los periodistas también se sumaron a la huelga con un paro de cinco horas, durante el que sus medios de comunicación transmitieron sólo información sobre la huelga.

"No vamos a detenernos. Estamos obligados a luchar, a protestar, a seguir una política constante. Es una maratón", avisó el presidente de la GSEE, Yannis Panagópulos, para quien la política del Gobierno griego y de la troika es "injusta" y lo único que provocará es "acumular problemas aún mayores en la sociedad".

En cambio, el comercio abrió sus puertas como cualquier día laborable.

"Mucha gente no hace huelga porque o bien tiene miedo a ser despedida con las nuevas leyes laborales o bien no puede perder ni un solo día de su salario", dijo Dimitris, un jubilado que saca un dinero adicional trabajando en un garaje.

"Una amiga mía, por ejemplo, es profesora y me contó que le gustaría sumarse al paro, pero por cada día de huelga le quitan 70 euros, algo que no puede permitirse teniendo dos hijos", explicó.

Para Yorgos, un profesor de 51 años, el problema es que la gente "está desmoralizada". No obstante, a su juicio, no hay otro modo de lucha que manifestarse para evitar que "roben todo lo que ha ganado el movimiento obrero en un siglo".

"No se trata solo de reducciones de salarios, sino que se está desarticulando la sociedad y el país al completo. El sector de la sanidad está muy afectado por los recortes", relató a Efe Spyros, de 26 años y trabajador de un centro para toxicómanos.

COINCIDE CON LA VISITA DE LA TROIKA A ATENAS

La huelga general se produce mientras los representantes de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que integran la troika, se encuentran en Atenas, donde ayer retomaron sus negociaciones con el Gobierno de Samarás.

Las negociaciones se presentan difíciles dadas las diferencias sobre el volumen de la brecha fiscal. El Ejecutivo asegura que el agujero en la financiación será sólo de 500 millones de euros en 2014, mientras la troika considera que alcanzará 2.500 millones.

Otra dificultad es cómo solventar este problema, pues el ministerio de Trabajo cree que será suficiente con mejorar la recaudación a través de un incremento de los controles sobre las empresas que no pagan sus contribuciones a la Seguridad Social.

En cambio, según fuentes citadas hoy por los medios locales, la troika pretende que el Gobierno reduzca las aportaciones empresariales en un 3,9 %.