Los ministros del Interior de los 28 no han logrado este martes acercar posturas -pese a un debate que ha durado cinco horas- sobre las cuotas obligatorias de demandantes de asilo que ha propuesto la Comisión para aliviar la presión que sufren Italia y Grecia por la crisis migratoria en el Mediterráneo. La negociación queda ahora en manos de los líderes europeos, que la abordarán en la cumbre del 25 y 26 de junio. "Hay divergencias de opiniones sobre esta cuestión. No hay una posición común sobre si (el sistema) debe ser voluntario u obligatorio y también hay una divergencia de puntos de vista sobre los criterios que deben utilizarse para calcular estas posibles cuotas", ha resumido el ministro del Interior letón, Rihards Kozlovskis, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE, al término del encuentro.
Bruselas ha propuesto repartir a un total de 40.000 demandantes de asilo que lleguen a Italia y Grecia entre el resto de Estados miembros mediante un sistema de cuotas obligatorias que se basa en cuatro criterios: la población, el PIB, los esfuerzos pasados y la tasa de paro. A España le ha adjudicado un total de 4.288, mientras que Alemania y Francia son los países con mayor cuota asignada (8.763 y 6.752, respectivamente).
El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, ha explicado que durante la reunión se han evidenciado "tres posiciones" diferentes frente a la propuesta de Bruselas. En primer lugar, Italia y Grecia, que la apoyan por ser los países más afectados por la crisis en el Mediterráneo Central. Otro grupo de países, con Francia y Alemania a la cabeza, la apoyan "con matices", ya que están a favor de que las cuotas sean obligatorias pero piden cambiar los criterios de reparto. Y un tercer grupo, en el que está España y los países del este, tiene "serias reservas" y pide que las cuotas sean voluntarias. "Si establecemos las cuotas obligatorias lanzamos en nuestra opinión un mensaje en virtud del cual vamos a generar un efecto llamada y eso nos parece que es contraproducente", ha alegado el ministro del Interior. "Apostamos por la voluntariedad claramente y que nos dejen a nosotros aplicar la solidaridad y la responsabilidad", ha defendido Fernández Díaz.
Pero el comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, ha rechazado un sistema "a la carta". "La solidaridad no puede ser voluntaria. Hemos visto cómo han funcionado los sistemas voluntarios en el pasado y han fracasado", ha alegado. Avramopoulos ha avanzado además que la Comisión defenderá "hasta el final" los criterios de reparto, por considerar que lograr un "equilibrio adecuado" y son "objetivos, cuantificables y realistas". El comisario griego ha dicho que ninguno de los países que se han quejado ha presentado alternativas.
"Soy muy optimista de que alcanzaremos un acuerdo final antes de fin de julio sobre relocalización", ha asegurado Avramopoulos. En lo que sí ha habido consenso entre los ministros es en la necesidad de ayudar a Italia y Grecia a identificar a los inmigrantes que llegan a su territorio y distinguir entre los que necesitan protección internacional y los que son inmigrantes económicos y también en que hay que reforzar la política de retorno para devolver a los inmigrantes irregulares a sus países de origen.
La reunión de los ministros del Interior de la UE ha servido además para reducir la tensión de los últimos días entre Italia y Francia. Roma había amenazado con conceder permisos de estancia temporales que permitieran a los inmigrantes viajar a otros Estados miembros y París había reforzado los controles fronterizos. Los ministros de los dos países, Angelino Alfano y Bernard Cazeneuve, han comparecido junto con el representante alemán para garantizar que reforzarán su colaboración.
BLOQUEADOS EN VENTIMIGLIA
El centenar de inmigrantes bloqueado en la localidad fronteriza italiana de Ventimiglia pasó su tercera noche en la escollera del paseo marítimo, que no quieren abandonar hasta que Francia les deje pasar.
En equilibrio sobre las rocas del llamado Puente de San Ludovico, a pocos metros de la frontera con Francia, este grupo de un centenar de inmigrantes, procedentes de Somalia, Eritrea y Etiopía en su mayoría, continúan su protesta ante la decisión de Francia de impedirles el paso.
A pocos metros, en uno de los jardines públicos de la localidad, la policía obligó hoy a otro grupo de inmigrantes a subir a un autobús de la Cruz Roja para acompañarles a la estación de Ventimiglia, donde se han instalado servicios higiénicos y una sala para acoger a estas personas.
Algunas de ellos, los jóvenes, se rebelaron ante esta obligación y escaparon, por lo que se produjeron momentos de tensión, pero la mayoría aceptó el desalojo. En la estación de Ventimiglia duerme también desde hace días otro centenar de inmigrantes, bloqueados por esta decisión de las autoridades francesas.
Los medios de comunicación italianos destacan hoy las condiciones infrahumanas en las que se encuentran estas personas, que para continuar su protesta se ven obligadas a lavarse con agua del mar, a afeitarse entre los escollos y que empiezan a tener heridas y yagas en la espalda y las piernas. Duermen sólo con la protección de una mantas isotérmicas, a pesar del fuerte viento y la lluvia de estos días y siguen mostrando carteles en inglés: "Necesitamos pasar".
El ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, aseguró ayer que su país no ha suspendido el espacio Schengen de libre tránsito ni ha cerrado su frontera con Italia, sino que sencillamente se ha limitado a aplicar controles más férreos. Cazeneuve agregó que los inmigrantes no van a pasar y que se tiene que ocupar de ellos Italia, como dictan las leyes europeas.
Estos inmigrantes explican que no quieren quedarse en el país, ya que su destino es Francia, donde viven sus familias. Tramitar cualquier tipo de papeleo, como peticiones de asilo, significaría no poder abandonar Italia. En la frontera italiana para acceder a Niza, camionetas y agentes de la Gendarmería impiden el paso a todos los inmigrantes africanos.
Italia ha protestado ante esta situación y el eurodiputado italiano Brando Benifei presentó una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para pedir explicaciones sobre si Francia estaba violando el tratado de libre circulación de Schengen.
