La Junta Militar de Egipto anunció hoy el levantamiento definitivo de la Ley de Emergencia, que ha estado en vigor desde 1981, informó el portavoz del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Mohamed Askar. De esta forma, la máxima autoridad provisional cumplió su compromiso de derogar la citada norma, una de las principales reivindicaciones de la revolución que obligó a renunciar en febrero de 2011 al presidente egipcio, Hosni Mubarak.
El portavoz subrayó que es competencia de la cúpula militar el levantamiento del estado de emergencia, y no del Parlamento, que hoy tenía previsto discutir el asunto en una sesión.
"Las Fuerzas Armadas seguirán garantizando la seguridad en Egipto", aseguró Askar.
En vigor desde 1981, año del asesinato del presidente Anuar el Sadat, la Ley de Emergencia fue mantenida por su sucesor, Mubarak, que la prorrogó por dos años en mayo de 2010.
La norma permitía la suspensión de las libertades de prensa y asociación, la ampliación de los poderes de los órganos de seguridad y la anulación de los derechos civiles y políticos con la excusa de la lucha contra el terrorismo.
Tras la Revolución del 25 de Enero que terminaría derribando a Mubarak, la Junta Militar se comprometió a levantar la Ley de Emergencia y, tras reactivarla de forma íntegra en septiembre pasado para evitar disturbios, pasó en enero pasado a limitar su aplicación a algunos casos.
El Parlamento -controlado por una mayoría islamista- tenía previsto hoy discutir el fin del estado de emergencia, de las detenciones administrativas y de los juicios especiales autorizados por esa ley.
El presidente de la Cámara Baja, el dirigente de los Hermanos Musulmanes Saad Katatni, había expresado previamente su rechazo a la citada norma, que según los grupos de derechos humanos ha permitido a las fuerzas de seguridad y las autoridades cometer abusos contra los civiles en las últimas décadas.
La organización Human Rights Watch (HRW) exigió hoy a las autoridades de Egipto que liberen a 188 personas que siguen detenidas bajo la Ley de Emergencia y que se tomen medidas para acabar con los llamados Tribunales de la Seguridad Estatal de Emergencia.
